El abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciu­dadana de Ciudad del Este, manifestó su preocupación por el lento proceso de inves­tigación de las denuncias pre­sentadas contra el destituido intendente Miguel Prieto. De 50 casos de corrupción remi­tidos al Ministerio Público, todos con pruebas documen­tales, apenas se avanzó con la imputación de dos.

Si bien estas fueron las denuncias de corrupción más emblemáticas por represen­tar el robo más descarado en tiempos de pandemia, como la adjudicación millonaria para compra de miles de kits de víveres a la pequeña des­pensa Tía Chela y la adqui­sición de 50.000 kilos de harina a un constructor de pozos artesianos, en ambos casos sin contar con el stock que figuraba en los contratos, existen otros hechos graves cuya investigación sigue sin resultados pese a los años transcurridos.

Enríquez habló de “una artillería de denuncias” que pre­vén presentar en los próxi­mos días, ya que consideran que los casos están prácti­camente congelados en el Ministerio Público, pese a los documentos y análisis de auditorías, como la interven­ción que aportó evidencias suficientes para agilizar las pesquisas.

Entre las 50 denuncias pre­sentadas, se encuentra la causa contra Prieto por vio­lación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, lo que significó que G. 11.042 millones, correspondien­tes al 60 % de los cobros del impuesto, no fueran inver­tidos en gastos de capital en 2021. Asimismo, figuran cau­sas por supuesto daño patri­monial de G. 566 millones por sobrefacturación en la construcción de un puente y pavimentación en el asenta­miento Mariscal Francisco Solano López, además de la denuncia contra la empresa de maletín MB Constructora, de Elvio Mareco Barrientos, quien pasó de vendedor de frazadas a convertirse en uno de los principales beneficia­dos con contratos de Fona­cide, empedrados y puentes, por un monto que ronda los G. 15.000 millones.

Otra causa de gran enver­gadura corresponde al uso indiscriminado de transfe­rencias a subcomisiones veci­nales para obras por un valor de G. 61.316 millones, “elu­diendo la Ley de Contratacio­nes Públicas”, en un esquema supuestamente manejado por leales de Prieto que adjudica­ban a empresas amigas. Entre las contrataciones cuestio­nadas se menciona el caso de la Constructora Scde SA, a la cual se le desembolsaron cerca de G. 20.000 millones, y cuyo representante fue luego incorporado a la municipa­lidad.

A estas se suman otras denuncias millonarias, como la contratación de la empresa Geocad por G. 2.673 millo­nes para la mensura judi­cial de la Exfinca 66, donde figuran rubros irregulares, como la constitución de un juez con un cobro de G. 267 millones, cuando el trámite tuvo un costo ínfimo. Cabe recordar que varios conce­jales y exconcejales fueron señalados en esta serie de denuncias por nepotismo, entre ellos la actual inten­denta María Portillo, aliada de Prieto, así como Sebastián Martínez, Pedro Acuña, Víc­tor Torales y Alison Anisimof de Agüero.