Los agentes fiscales Anti­corrupción, Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y Veró­nica Valdez, solicitaron al juz­gado de Delitos Económicos a cargo del magistrado Hum­berto Otazú, que convoque al destituido intendente de Ciu­dad del Este, Miguel Prieto, para las dos audiencias pre­liminares que tiene pen­diente, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Yns­frán desde el Poder Judicial.

El pedido se dio luego que la Corte Suprema de Justi­cia (CSJ) haya destrabado los dos procesos penales en contra de Prieto, el caso conocido como Tía Chela y el caso Tajy. Los fiscales a cargo de las investigaciones solicitaron que sean con­vocados, tanto el exinten­dente como los demás acu­sados.

La solicitud de los fiscales se da bajo apercibimiento de ley, esto implica que si las partes pretenden dilatar la realiza­ción de la audiencia prelimi­nar, se pueda incluso utilizar la fuerza pública para que los imputados se presenten ante el juzgado, para evitar que ambos procesos penales sigan siendo dilatados.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el inten­dente “opositor”, Miguel Prieto, anunciaba con bom­bos y platillos en sus redes sociales que estaba distribu­yendo víveres a las comuni­dades carenciadas.

Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a tra­vés de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este con­trato con la empresa de víve­res se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba con­trato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se ela­boraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encon­traba apenas en proceso, pero dos días antes, Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhi­biendo incluso canastas en sus videos.

En el caso conocido como Tajy, fueron imputados por lesión de confianza, adminis­tración en provecho propio y asociación criminal, Miguel Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (exdirector de Administración y Finanzas de la comuna) y otras ocho personas.

De acuerdo con este caso, el perjuicio patrimonial es de 306 millones de guaraníes, desembolsados a cambio de nada, es decir, de mercaderías inexistentes.