Al efectuar un pedido de coo­peración internacional a la Fis­calía de las islas Seychelles, el Ministerio Público para­guayo puede presumir que la nota enviada por el gobierno de este país africano sobre las cuentas bancarias no examina la cuestión real de fondo: quié­nes son los beneficiarios finales de las mismas.

Es este el obje­tivo del exhorto que remite el Ministerio Público a su par de Seychelles y se espera que esa institución pueda responder a las preguntas específicas sobre el origen de los fondos que fue­ron remesados a las dos cuen­tas que obran en dos bancos de plaza de este país africano.

Es decir, la investigación fiscal debe apuntar a seguir la ruta del dinero, por lo tanto, hay que investigar a las empresas que hicieron estas transferencias desde Hong Kong y Dubái.

Esta línea que estaría siguiendo el Ministerio Público es cohe­rente con investigaciones simi­lares realizadas en otros países y que aquí en Paraguay com­parten connotados expertos como los abogados Carlos Pala­cio o Ricardo Preda.

Este último sostuvo que la investigación debe tomarse con la mayor seriedad posible y no limitarse a una respuesta “administrativa” y a pedido de la parte interesada (los aboga­dos de Abdo). En una entrevista para el canal GEN y Universo 970 AM, Preda había dicho que los titulares de estas cuentas que se investigan en el exte­rior lógicamente no son per­sonas físicas, sino “personas jurídicas y, por ende, una pre­gunta que diga si Mario Abdo es titular de cuentas bancarias, la respuesta es casi obvia, dirán que no”.

Para el abogado, hay que seguir la ruta del dinero y no “simplemente enviar una carta a bancos”, pues se trata de una suma muy importante (21 millones de dólares), monto que excede de manera consi­derable el patrimonio total del expresidente Abdo que declaró en su salida de la fun­ción pública.

Reiteró que es responsabili­dad de la Fiscalía la tarea de identificar a las personas que forman parte de las socieda­des remitentes o intermedia­rias vinculadas a las supues­tas cuentas bancarias ocultas que tendrían por benefi­ciarios finales al ex jefe de Estado y su esposa.