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Por 47 votos a favor, 30 en contra y 3 ausen­cias, la Cámara Baja aprobó en sesión extraor­dinaria la destitución de Miguel Prieto como inten­dente de Ciudad del Este. De esta forma, el opositor –aco­sado por decenas de denun­cias, dos imputaciones, una auditoría de Contraloría y una intervención– queda fuera del municipio. Tras el trámite legislativo, ahora la Justicia Electoral deberá convocar a elecciones en los próximos 90 días para las internas y para los comicios que definirán al intendente que completará el mandato de Prieto, que se cumple a finales del próximo año 2026.

ASÍ VOTARON LOS DIPUTADOS:

A FAVOR:

Raúl Latorre, Hugo Meza, Daniel Centurión, José Rodrí­guez, Yamil Esgaib, Virina Villanueva De peña, Arturo Urbieta, Leonardo Saiz Arce, Carmen Jiménez de Ovando, Jorge Barressi , César Cerini, Roberto González, Édgar Chávez, Alejandro Aguilera, Miguel del Puerto, David Jara Espinoza, Édgar Olmedo, Carlos Godoy, Avelino Dáva­los, Sebastián Remesowsky, Christin Brunaga, Germán Solinger, Néstro Castellano, Carlos Arrechea , Esteban Samaniego, Héctor Figue­redo, Bettina Aguilera, Luis González, Liz Acosta, Rocío Abed, Juan Manuel Añazco, Jazmín Narváez, Carlos Núñez Salinas, Jatar Fer­nández, Johana Vega, Saúl González, Néstor Castellano, Pedro Ortiz , Fabiana Soto, Santiago Benítez, Cristina Villalba, Benjamín Cantero, Rubén Rousillón, Ida Cateb­bekke, José Adorno, Francisco Petterrsen.

AUSENTES:

Jorge Ávalos Mariño, Mauri­cio Espínola, Ramón Maciel.

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EN CONTRA:

Johanna Ortega, Emilio Pavón, Ariel Villagra, Pastor Vera Bejarano, Carlos María López, Constancia Benítez, Alejo Ríos, Salyn Buzarquis, Carlos Pereira, Del Pilar Vázquez, Arnaldo Valdez, Guillermo Rodríguez, Roya Torres, Miguel Martí­nez , Walter García, Marcelo Salinas, Dalia Estigarri­bia, Rodrigo Blanco, Rubén Rubin, Federico Franco, Laidy Galeano, Pedro Gómez , Billy Vaesquen, Alejandro Zenna,Raúl Benítez, Dios­nel Aguilera, Manuel Ace­vedo, Cleto Giménez, Rocío Vallejo, Graciela Aguilera.

CAUSALES

La intervención concluyó que las 12 causales señaladas por la Contraloría General de la República fueron constatadas y son las siguientes:

1. Estados Financieros pre­sentados con graves inconsis­tencias como saldos irregula­res, clasificaciones erróneas y variaciones injustificadas.

2. Incumplimiento de dispo­siciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

3. Inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias.

4. Incumplimiento de los procesos de contratación empleando transferencias para la ejecución de obras.

5. Incumplimiento de los pro­cesos legales establecidos para las transferencias a organiza­ciones no gubernamentales.

6. Irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales.

7. Irregularidades en la ges­tión del patrimonio de los bie­nes municipales.

8. Irregularidades en las transferencias a organiza­ciones sin fines de lucro.

9. Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o parque fueron ejecu­tados en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royal­ties y compensaciones.

10. Pagos a los proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida para el efecto.

11. Pagos realizados a provee­dores sin que estén cumplidas las exigencias legales.

12. Inconsistencias en las informaciones obtenidas del personal de las empresas proveedoras de la municipa­lidad en cuanto a la cantidad de empleados.

“Irregularidades fueron contundentes”

ALEJANDRO AGUILERA - Diputado

“El informe final del inter­ventor, Ramón Ramírez, fue muy contundente sobre las irregularidades detectadas en la administración municipal, por eso una mayoría votó por la destitución. Hay funcionarios que cobraban cheques destinados a las organizaciones sin fines de lucro, las llamadas comisiones vecinales y subcomisiones vecinales, específicamente en che­ques de 600 millones de guaraníes, cobrado por un funcionario de la Secretaría de Administración de Finanzas”.

Rodeado de corruptos, pretende dar cátedra de moralidad y democracia

Prieto, destituido por corrupción, y Arrúa, acusado de cobrar cheques de comisiones, presumiendo de demócratas y paladines de la transparencia.FOTO: GENTILEZA

El colmo de la hipocresía política se vivió tras la destitución de Miguel Prieto.

En conferencia de prensa, el exintendente de Ciudad del Este intentó erigirse como víctima y dar lecciones de democracia, pero la escena hablaba por sí sola: estaba rodeado de sus cómplices de siempre.

A su lado apareció nada menos que Fran Arrúa, su hombre de confianza, hoy presidente del partido Yo Creo. Para quienes no recuer­dan, este es el mismo Fran Arrúa que, cuando se des­empeñaba como director de Finanzas de la Municipali­dad, instruyó a su secretaria a “efectivizar” 600 millones de guaraníes en cheques des­tinados a comisiones.

LOS ANTECEDENTES QUE LO DELATAN

El Ministerio Público acusó a Prieto y a otros 10 funciona­rios por un esquema de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en el marco de millonarias transferencias a comisiones vecinales y organizaciones fantasmas. Entre los nom­bres señalados aparece el de Arrúa, cuya mano estuvo detrás de la firma y cobro de cheques que, en teoría, esta­ban destinados a comisiones, pero que terminaron alimen­tando la caja paralela del clan Prieto.

El informe final de la inter­vención también lo nom­bra: se constató que che­ques librados a nombre de comisiones fueron efecti­vizados directamente por Arrúa, un modus operandi que refuerza la existencia de un esquema de desvío sis­temático de fondos muni­cipales.

DE IMPUTADO A “PRESIDENTE MORAL”

Hoy, con Prieto destituido y hundido en denuncias de corrupción, resulta casi cómico verlo flanqueado por un perso­naje como Arrúa, intentando vender la idea de que encar­nan la “nueva política”. En la práctica, ambos representan lo contrario: el reciclaje de los mismos vicios que hundieron a Ciudad del Este.

La paradoja es brutal: Prieto, destituido por corrupción, y Arrúa, acusado de cobrar che­ques de comisiones, presu­miendo de demócratas y pala­dines de la transparencia.

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