En Diputados iniciarán el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

El diputado Raúl Agui­lera, presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Munici­palidad de Ciudad del Este, sostuvo que, conforme al informe presentado por el interventor Ramón Ramírez, se observan muchos “puntos oscuros” dentro de la admi­nistración del intendente suspendido Miguel Prieto. Aun así, espera que junto con sus colegas puedan emitir un dictamen objetivo.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador comentó que para este lunes 18 de agosto está prevista, a las 9:00, la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

“Hay muchos puntos oscu­ros y negros en la adminis­tración de Miguel Prieto; pero, por nuestra parte, vamos a hacer lo que corres­ponda. Vamos a tomar una decisión objetiva, yo confío mucho en la objetividad de los integrantes de la comi­sión y finalmente será la decisión de los 80 diputa­dos que resolverá sobre el destino del intendente de Ciudad del Este”, expresó.

Explicó que la ley no tiene establecido el plazo máximo para el estudio del informe; no obstante, señaló que desde el pasado jueves ya se socializó el informe a todos los miembros de la comisión especial para que lo puedan ir estudiando los volúmenes entregados por el equipo auditor.

“Eso depende de cada miembro, en mi caso, ya estoy leyendo y preparán­dome al respecto, para poder emitir una opinión el lunes. Realmente, no creo que se alargue mucho su estudio. Acá lo que el lunes se va a decidir es que si se dictamina o no ya sobre el informe”, comentó.

“El informe del interventor Ramírez corroboró que se malversaron los recursos de la comuna”, expresó el edil Richard Alfonso.

El concejal esteño Richard Alfonso manifestó que mediante la intervención se habría comprobado la mal­versación de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión del inten­dente Miguel Prieto, siendo el segundo municipio más grande del país en lo que respecta al manejo presupuestario.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el edil se refirió a la manifestación de una turba de funcionarios afi­nes a Miguel Prieto, el jueves pasado, en el predio munici­pal. Mientras que, esa noche, se denunció que fue violentado el despacho del interventor Ramón Ramírez.

“Al final de cuentas, no entiendo por qué hicieron toda esa turba que hicieron el jueves, siendo que el interventor vino para eso, para hacer su trabajo de audi­tar y controlar todo y encontró irregularidades en el manejo de la municipalidad. Lo cual no se trata de un hecho menor, porque estamos hablando de la segunda municipalidad más grande hablando presupuesta­riamente”, comentó.

Remarcó que, conforme al informe del interventor Ramírez, se corroboró que se malversaron los recursos de la comuna, dando un mal uso del dinero de los contribuyen­tes y eso quedó plasmado en el informe final. Destacó que el propio interventor confirmó que la forma que se maneja­ron esos recursos no fue la correcta.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se están corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría General de la República”.

Aguilera dijo que será la mayo­ría lo que decida, si dictamina a favor o no de la destitución del intendente Miguel Prieto, podría salir un dictamen único, como se dio cuando se aprobó la intervención de Asunción; o dictámenes diferentes, a favor y otro en contra, ya sea en mayoría o minoría.

Indicó que esos dictámenes se pondrán a consideración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que luego decidirá si pone a consideración del plenario en sesión ordinaria o convoca a una extraordinaria para el efecto.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se están corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría Gene­ral de la República. En el uso irregular de más de G. 29.000 millones, que era uso de gasto capital, que se usaron para transferencia de entidades sin fines de lucro, para obras, pero no tenían documentos respal­datorios fue corroborado por el interventor”, puntualizó.

Mencionó que también se corroboró que se usaron más de G. 10.000 millones que fue­ron transferidos al Consejo local de Salud, entre el periodo 2019 y 2022, donde casi G. 6.000 millones no cuentan con respaldo suficiente sobre su uso.

Destacó otras denuncias que fueron surgiendo como el caso de la caja paralela, denunciada penalmente por Ramírez ante el Ministerio Público; así como los estados contables que prácti­camente no se pueden analizar porque no tienen consistencias.