Representantes de la cadena Biggie Express admitieron el error, pidieron disculpas, y se pusieron a trabajar para volver a las operaciones; solicitaron a Dinavisa una reinspección.

La suspensión temporal aplicada por Dinavisa y Sedeco a una cono­cida cadena de minimercados por una medida fitosanita­ria se transformó para el dia­rio Abc Color en una nueva oportunidad de montar un espectáculo político. Lejos de informar con equilibrio, el medio de comunicación del Grupo Zuccolillo esco­gió magnificar el episodio con un sesgo evidente, pre­sentándolo como un escán­dalo nacional, como un ata­que directo del gobierno de Santiago Peña “harto de las publicaciones en su contra” y que la medida forma parte de un camino inexorable a la dic­tadura. Todo esto, obviando lo más importante que es resaltar el trasfondo real de la medida adoptada por los organismos del Gobierno: la protección al consumidor. Es decir, priorizó una vez más los intereses empresariales, antes que salvaguardar los intereses de la gente.

Su prédica de persecución llegó hasta el Congreso, en la sesión del Senado, donde algunos legisladores oposi­tores como Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) o Éver Villalba (PLRA) no oculta­ron su simpatía y por “pri­mera vez” se posicionaron del lado empresarial y no de los intereses de la gente, esos que dicen defender en su mili­tancia política. A nivel de los profesionales de la comunicación algunos colegas lle­garon al punto del ridículo cuando asociaban la medida con los supuestos abucheos del sábado al presidente de la República en la inaugura­ción de ASU2025, o que pro­ponían directamente el con­sumo de yogur vencido.

En relación a los puestos de trabajo, otro de los argu­mentos presentados por Abc Color como efecto negativo de la medida que protege a los consumidores, ya que supuestamente se perde­rían empleos, el Ministerio del Trabajo informó que la cadena de minimercados no solicitó ninguna suspensión laboral para sus empleados, pese al cierre temporal de sus más de 260 sucursales. Según la titular de la citada cartera, Mónica Recalde, los trabaja­dores deben percibir el salario íntegro y no pueden ser despe­didos. “No pueden descontar el salario, tienen que pagar la jornada completa, no pueden suspender temporalmente a sus trabajadores, salvo que exista una resolución de la autoridad administrativa”, destacó la ministra Recalde.

Mientras Abc Color se dedicó a explotar el caso presen­tándolo como la muestra acabada de que el Gobierno va rumbo a la dictadura, la compañía afectada –Big­gie–reconoció de inmediato el inconveniente, puso en marcha acciones correcti­vas y se encuentra trabajando en coordinación con las auto­ridades para subsanar cual­quier deficiencia detectada. El objetivo es claro: restablecer el servicio cumpliendo todos los estándares sanitarios exi­gidos, algo que parece de poco interés para quienes prefieren la manipulación mediática/política antes que la informa­ción responsable.

En este sentido, abogados de la firma Biggie Express soli­citaron ayer a la Dirección Nacional de Vigilancia Sani­taria (Dinavisa) la reinspec­ción de todas las sucursales de la cadena, luego de la sus­pensión temporal.

Uno de los aspectos cuestionados tras la sanción temporal a la cadena Biggie es que la misma no tenía precedentes y lo califican incluso de “abuso de poder”. Sin embargo, el Estado paraguayo aplicó sanciones a distintas entidades y empresas privadas en los años recientes. Uno de los casos más recordados ocurrió en el año 2021, con la suspensión por tres días del supermercado Guaraní, que había sido el centro del escándalo tras hallarse ratas en su vitrina. En el 2013, Dinavisa había suspendido las labores de la farmacéutica Indufar, debido a que se hallaron falencias en su control de calidad, fue clausurado 3 meses (no suspendido) porque tuvieron problemas con 1 producto, de los 400 que fabrica. Otro caso que puede colocarse en el historial es el ocu­rrido en una sucursal de Biggie en San Lorenzo, donde una empleada falleció tras inhalar humo tóxico producido por la explosión de un generador. El Ministerio de Trabajo intervino en el caso.

Giuliano Caligaris, direc­tivo de la cadena Biggie, pidió disculpas a los consu­midores tras la detección de productos fitosanita­rios vencidos. “Nosotros admitimos y estamos trabajando para subsanar los errores. Pedimos disculpas a los consumidores por el mínimo error que se pueda tener. Remarco que pedimos dis­culpas a los consumidores, pero vemos la desproporcionalidad de la medida”, dijo a la emisora 970 AM. Agregó que la empresa está “trabajando para supervisar que esos productos que fueron encontrados de manera irregular dejen de estar en la cadena y esperamos hoy sean eliminados”, agregó.

Asimismo, Caligaris explicó que esta falla pudo deberse a “erro­res humanos involuntarios que se dan”, pero que están traba­jando para que no se den más esos errores. Subrayó además que la compañía no impulsa ni aprueba esa forma de trabajo, y que se trata de fallas operativas aisladas. El directivo insistió en que la empresa está reforzando sus protocolos internos para preve­nir que estos hechos se repitan, al tiempo que colabora con las autoridades para subsanar cualquier irregularidad.

El titular del Congreso, Basilio Núñez, resaltó el doble y selectivo discurso ante este caso, ya que en otras situaciones quedaron en silencio.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, lanzó duras críticas contra algu­nos medios y sus propios colegas que cuestionan una medida sanitaria aplicada a una cadena de minimercados de 24 horas. “Escuché aten­tamente las clases de mora­lidad de algunos colegas, escuché decirle a un sena­dor y médico: somos lo que hacemos, no lo que decimos. Hasta estaría de acuerdo con esa frase, pero les hago un recordatorio, por ahí tiene una amnesia anterógrada que, en el periodo anterior, en este mismo parlamento, creo que echaron a cinco senadores, no dejaron jurar a dos senadores electos y pro­clamados por una resolución administrativa”, despachó el senador.

Sostuvo que el gobierno actual no cederá al chantaje mediático, como sí ocurrió en el periodo anterior de Mario Abdo Benítez, donde mane­jaban al gobierno a través de las tapas de diarios. “No pudieron con Horacio Cartes y no van a poder con Santiago Peña, pudieron con el presi­dente anterior, y este legis­lador que está sentado acá, que prefiere una pérdida de investidura que agachar la cabeza contra los que roban en los shoppings con conexio­nes ilegales, con criptomone­das, contra los que reciben dinero de Cabeza Branca y lavan, contra los que reciben dinero de la Conmebol, uste­des están callados y son cóm­plices, yo no me voy a callar”, sentenció.