El interventor de la Municipalidad de Ciu­dad del Este, Ramón Ramírez, informó que pre­sentó este lunes una denun­cia penal ante el Ministerio Público luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recur­sos fueron recaudados por diferentes impuestos; sin embargo, no ingresaron final­mente a las arcas de la comuna.

En conferencia de prensa, señaló que formalizó la denuncia acompañando pruebas documentales de lo que considera un esquema delictivo que supuestamente está operando dentro de la comuna esteña, bajo la admi­nistración de Miguel Prieto, actualmente suspendido en el cargo mientras dure esta intervención.

Indicó que se confirmaron indicios contundentes de la existencia de una caja para­lela, que está diseñada para lo que se podría denominar un desvío de recursos de los con­tribuyentes. Confirmó que la denuncia se presentó con los nombres de los responsables, las fechas de las operaciones sospechosas y los correspon­dientes documentos.

“Lo que encontramos es un esquema de desvío de recur­sos, a través de lo que denomi­namos caja paralela, a espal­das de los contribuyentes de Ciudad del Este. En este tiempo me consta que son fie­les cumplidores de su responsabilidad con el municipio”, expresó.

Han detectado que los contri­buyentes realizan los pagos de sus tributos a la Munici­palidad y existía un registro en el sistema con emisión de comprobantes, registros de pagos, específicamente en los ejemplos que han tomado en las cuentas corrientes catas­trales de los impuestos inmo­biliarios. Comprobaron que ese dinero cobrado no ingre­saba a la tesorería municipal.

Señaló que hallaron una serie de numeración de los com­probantes que son total­mente inconsistentes con el sistema de numeración de los comprobantes emitidos. La denuncia presentada se basó en casos específicos, donde notaron que se emitían com­probantes de la Caja 6 en una fecha específica, pero en el registro de Tesorería, al hacer el arqueo de cajas, aparecía que ese día la Caja 6 estaba fuera de funcionamiento.

Indicó que este mismo patrón de proceso se repite para 9 operaciones similares que fueron tomadas como mues­tras en los meses de enero y febrero de este año, para pre­sentar la denuncia formal ante el Ministerio Público. Informó que estos 9 casos tomados corresponden a dos días específicos que tendría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingre­saron a Tesorería.

“Quiero dejar en claro que esto es solamente una parte pequeña de la investigación. Funcionarios con roles y accesos específicos manipu­laron al sistema informático para registrar operaciones como pagadas, pero que no fueron ingresadas a la Teso­rería”, agregó.

Detectaron pagos millonarios que no ingresaron a las arcas y que tendrían a pariente de Prieto como pieza clave.

Aunque el intervenido inten­dente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, aseguró que la caja paralela denunciada ayer por la intervención municipal ya había sido detectada por su gestión a inicios de año, los documentos muestran que su versión no coincide con los hechos.

Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en un cargo clave a su prima Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las gra­ves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo –hecho que admitió el apartado jefe comunal– y no por las gra­ves anomalías en el cobro del impuesto inmobiliario.

La investigación en el muni­cipio esteño surgió tras una auditoría informática al sis­tema SIGEM, donde se detec­taron pagos millonarios, regis­trados como efectuados en enero de 2025, que no figuran en la Tesorería. Entre las ope­raciones cuestionadas figuran movimientos en las cajas 6 y 8, con usuarios y cajeros asigna­dos que no coinciden con los registros oficiales. Entre los implicados aparecen Meri­beb Alonzo Vallejos, prima de Prieto; Iván Giovanni Vera Morel y Micaela Herrera. Varios comprobantes presen­tan fechas y montos válidos en el sistema, pero no correspon­den a arqueos reales de caja.

Prieto sostiene que su admi­nistración detectó casi G. 900 millones de irregularidades y que removió a responsa­bles. Sin embargo, la denun­cia que él presentó solo men­ciona a dos funcionarios por “lesión de confianza” y omite toda referencia a su prima, a quien defendió públicamente como “demasiado honesta para estar ahí”. La interven­ción, en cambio, documentó pagos inconsistentes, usua­rios con perfiles alterados y respaldos digitales que indi­can posibles manipulaciones del sistema. Entre las pruebas remitidas se incluyen memo­rándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos informáticos.