La polémica se desató luego de conocerse que Cogliolo Boccia realizó viajes a Rusia, Brasil y Chile, mientras en las planillas de asistencia del Senado figu­raba de dos formas distintas: Como comisionado para reali­zar tareas asignadas a la oficina del senador Villalba y con per­misos sin goce de sueldo en las mismas fechas. Sin embargo en la nómina de salarios del Minis­terio de Economía y Finanzas, no figura ningún descuento en su salario en los meses en que pidió permiso.

Esta contradicción levantó sospechas de planillerismo, al sugerir que el funcionario podría haber cobrado sala­rio sin cumplir funciones efectivas.

Más allá de la posible incompa­tibilidad en los registros, lo que se considera el punto más grave de la denuncia es que algunos de los documentos que justifi­caban sus ausencias contienen firmas que no corresponderían ni a Cogliolo Boccia ni al sena­dor Villalba. Esto podría abrir la puerta a una investigación por presunta falsificación de docu­mentos públicos y uso de docu­mentos no auténticos, delitos contemplados en el Código Penal paraguayo y que podrían derivar en consecuencias judi­ciales. Una persona que hizo llegar a esta redacción varios documentos con diferentes fir­mas, tanto de Cogliolo Boccia como de Éver Villalba señaló “que el caso del sobrino de la senadora Celeste y funciona­rio de Éver Villalba, lo grave no es tanto que haya viajado y no estar debidamente justificado, sino que el 80 % de los formula­rios eran firmas falsificadas del funcionario. A simple vista, las firmas son todas desiguales, es decir, se deduce que el funcio­nario habría mandado a confec­cionar su formulario y firmaban por él”, expresó.

Ante el escándalo, el presi­dente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, ordenó un sumario administrativo con suspensión de salario al fun­cionario, como medida pre­cautoria mientras avanza la investigación. Por su parte, el senador Villalba defen­dió a su excolaborador pre­sentando documentos que, según él, avalan que todos los permisos fueron solici­tados por los canales oficiales y que no hubo perjuicio para el Estado.

El sumario administrativo busca determinar si existió negligencia o dolo en la pre­sentación de permisos y pla­nillas de asistencia. En para­lelo, la presunta falsificación de firmas podría derivar en una denuncia penal ante el Ministerio Público, lo que daría al caso un giro judicial.