El Ministerio Público abrió una causa penal contra el expresidente Mario Abdo Benítez por las supuestas cuentas offshore en las islas Seychelles, por unos USD. 21 millones, del que sería, junto con su esposa, beneficiario directo.
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, quien está investigando al expresidente de la República Mario Abdo Benítez por tener cuentas bancarias ocultas en Seychelles, sobre cuyos beneficiarios finales, el exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira, solicitó informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a fin de que se informe sobre la vinculación del exmandatario y su pareja si se tiene cuentas.
De acuerdo a los datos preliminares, se habrían registrado transferencias bancarias desde entidades financieras operativas en Dubái y Hong Kong, y que, a su vez, registrarían como beneficiarios finales a Mario Abdo y Silvana López Moreira.
Los oficios fueron firmados el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.
La unidad fiscal a cargo de la mencionada agente fiscal se encuentra aguardando la contestación de dichas solicitudes de informes, a fin de avanzar en el proceso investigativo y, consecuentemente, obtener la información concerniente a los hechos denunciados.
La causa surge luego del informe periodístico realizado por el argentino Luis Casulla y publicado en el portal PeriodismoyPunto, que refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones en cuentas del paraíso fiscal, en que aparecería el nombre del exmandatario, según documentos expuestos, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
En entrevista con la emisora 970 AM, el abogado Ricardo Preda explicó que, si un expresidente tiene más de 20 millones de dólares enel exterior que no están consignados en su declaración jurada, por lo menos amerita una investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y posibilidad de cohecho, ya que ejerció un cargo público y precisamente una de las cuentas se abrió mientras era presidente en ejercicio en 2022.
LAS CUENTAS
La mencionada publicación del periodista argentino señala que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre de 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados serían Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre de 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.
En junio de 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.
GANANCIAS EXORBITANTES DE EMPRESAS
Mario Abdo Benítez registró una millonaria acumulación de ganancias entre el 2018 y el 2023 en sus distribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA. Entre las dos empresas (Aldia y Createc) sumaron utilidades por G. 330.000 millones (unos USD 45 millones) entre 2018 y 2023; sin embargo, las ganancias fueron enviadas a las reservas operativas donde consignaron el destino del 90 % de los lucros, según la investigación periodística que tomó como base informes tributarios y de la declaración jurada del presidente de la República.
Las ganancias anuales aumentaron a medida que fue escalando posiciones en el poder. En 2013, cuando ingresó como senador, los ingresos anuales eran de G. 1814 millones y llegaron a G. 92.647 en el 2021. De hecho, 2020 y 2021 fueron los años de más facturación, tiempo en que transcurría la pandemia y periodo en el que hubo una orden de priorizar las “obras”. En el caso de Aldia SA es dueño del 87,50 % del paquete accionario.