La intervención de la Municipalidad de Ciu­dad del Este, liderada por Ramón Ramírez, detectó una presunta malversación por G. 29.000 millones en la administración del inten­dente Miguel Prieto. El des­falco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrien­tes, transferencias y pago de deudas, según reveló el eco­nomista, ayer martes, en con­ferencia de prensa.

La administración del líder del movimiento Yo Creo con­taba con una partida presu­puestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utiliza­ción irregular de este recurso fue reportado por la Contra­loría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustenta­ron el requerimiento de inda­gación.

“Transcurrido este tiempo lo que podemos afirmar es que en la medida que avan­zamos en la intervención nos encontramos con hechos que profundizan nuestra preocu­pación. Nosotros venimos a defender los intereses de la ciudadanía esteña, la con­fianza de las instituciones y por supuesto venimos a repor­tar el mal o buen uso de los recursos”, indicó Ramírez a los medios de comunicación.

Por otra parte, informacio­nes desprendidas de la revi­sión administrativa y finan­ciera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incum­plimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destina­ron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin nin­gún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversio­nes realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas o siquiera si se hicieron.

Las irregularida­des incluyen transferencia sin documentación técnica ni aprobación del Ministe­rio de Salud Pública, pagos sin certificaciones de avan­ces de obras, y la elusión de procesos legales de contra­tación. Además las obras no contaron con supervisión y actas de recepción final, por lo que no existe garan­tía alguna sobre su calidad, seguridad ni cumplimientos de estándares mínimos.

El informe de Ramírez refiere que una situación particularmente grave detectada en la gestión de Prieto fue que el entonces director de Desarrollo Social de la comuna (actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez) también se desempeñaba como síndico titular del Consejo Local de Salud, cumpliendo simultáneamente funciones de control y ejecución, hecho que debilitó aún más los mecanismos de fiscalización.

Martínez fue denunciado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en agosto del año 2023, por integrar un supuesto esquema irregular de transferencias a comisiones vecinales para obras. Cuenta con doble imputación por lesión de confianza y asociación criminal.

Asimismo, el economista detalla en su informe que los hechos comprobados constituyen una conducta de altísima gravedad, que debería ser investigada por las instancias judiciales correspondientes, es decir, el Ministerio Público.

“Todo lo que revelamos en nuestros informes no son presunciones, conjeturas, son hechos documentados que formarán parte de nuestro dictamen que presentaremos dentro de los 60 días de la intervención”, puntualizó.