- Lourdes Torres - periodista
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Diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, coincidieron en que endureciendo las penas no ayudará a reducir la criminalidad, al hablar del proyecto de Ley del diputado Rubén Rubin, quien propone la prisión permanente revisable.
Señalaron que el planteamiento es inconstitucional, pese a que se plantea con un nombre diferente, pues en esencia es una cadena perpetua que va contra la Constitución. La diputada Abed, líder de la bancada oficialista, dijo a La Nación que si bien los casos de crímenes donde fueron víctimas una niña y una adolescente han destrozado a la comunidad y verdaderamente interpela a todos como sociedad, fue porque el sistema falló y no se las pudo proteger.
Esta situación genera un sentimiento colectivo e impulso de tomar justicia por manos propias; lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo, sobre todo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el derecho penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.
“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de prisión permanente revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua, simple y llanamente bajo otro título”, explicó la diputada Abed.
A su turno, el diputado Rodríguez indicó que tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, justamente están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas, e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas; atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.
“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a la corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.
Coincidió que aquí lo que se debe trabajar más profundamente son los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, acotó.
Considera también que el planteamiento de su colega Rubin va en contraposición a lo que establecen las leyes. “Debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, dijo.