El abogado Juan Emi­lio Oviedo afirmó que los agentes fisca­les que investigan al exman­datario Mario Abdo Benítez por las inconsistencias en sus declaraciones juradas, podrían anexar a la causa las informaciones sobre las supuestas cuentas banca­rias ocultas en Seychelles que tendrían por benefi­ciarios finales al exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira.

“Puede ser muy buena hipó­tesis. Por economía proce­sal, también es una inves­tigación que pueda estar abierta, que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este perio­dista argentino para con­firmar, descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y qué incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal”, indicó el exfiscal de Asun­tos Internacionales en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al informe de Luis Casulla publicado en el portal PeriodismoyPunto.

La Fiscalía impulsó la aper­tura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre de 2024 debido a las incon­sistencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas dis­tribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, que lo vin­culan entre sus principales accionistas.

“Eventualmente, esto sería una decisión de los fiscales de la causa (anexar las informa­ciones de las cuentas banca­rias ocultas como un hecho nuevo) porque son ellos lo que tienen la teoría del caso, son los que tendrán que probar la existencia de un hecho puni­ble a través de las evidencias que se incorporan no solo a nivel nacional, sino interna­cional”, comentó Oviedo.

Asimismo, dijo que Paraguay y Seychelles son sig­natarios de la Convención de las Naciones Unidas con­tra la Corrupción, un tra­tado impulsado en el 2023 que permite la coopera­ción entre fiscalías gene­rales. Agregó que Seyche­lles estableció reformas en el año 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.

“Esto también dependerá de la política criminal, de la persecución penal y de las informaciones o elementos que cuente el Ministerio Público, es una opción que tiene la institución de sepa­rar o unir causas, de armar equipos de investigación, de incorporar áreas específicas como de Asuntos Interna­cionales que tiene personal calificado para ello”, indicó el abogado.

El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posi­bles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y eva­sión en el caso de haberse omitido su mención de las decla­raciones juradas. La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra locali­zada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre de 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.

“La decisión para poder abrir una investigación tiene que ver con la calidad de la información y no la fuente de la información. En este caso concreto se determinan los números de cuentas, montos, fechas de transferencias. La Fiscalía tendría que identificar quiénes son o forman parte de esas empresas que fueron las que transfirieron dinero a las cuentas”, refirió el experto en derecho penal económico en una entrevista con el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

“Habría que ver quiénes son los beneficiarios finales de esas sociedades para determinar si en alguna parte hay conexión con el expresidente, su familia o familia política. Hay muchas aristas a ser investigadas, no es solamente enviar una carta a Seychelles y solicitar información sobre esas cuentas nada más (Star Capital y Exchange Contract)“, refirió Preda.

“Nos percatamos de algunos puntos llamativos como ser que las ganancias se remitían desde el 2020 al 2022 en su totalidad a reservas operativas”, expresó Armindo Torres.

El director de Declaracio­nes Juradas de la Contralo­ría General de la República, Armindo Torres, confirmó que el órgano extrapoder halló puntos llamativos en el examen de corresponden­cia realizados a las empre­sas Aldia SA y Createc SA del rubro asfalto, vinculadas al exmandatario Mario Abdo Benítez.

“Nos percatamos de algunos puntos llamativos como ser que las ganancias se remi­tían desde el 2020 al 2022 en su totalidad a reservas ope­rativas”, dijo el funcionario en una entrevista con el pro­grama “Mina en casa”. Torres detalló que, en el año 2023, Abdo Benítez había solicitado a la institución la realización de un examen de correspodencia, hecho que permitió el hallazgo de varias incon­gruencias.

“Esto no es ilegal (remitir ganancias a reservas operati­vas), pero quisimos profundi­zar y solicitamos un segundo informe a la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios, ya que las reservas tienen que tener un fin y deben estable­cerse en las actas. Le consul­tamos a esta institución si tenía identificado el destino, si coincidían las ganancias con la facturaciones realiza­das. La dirección nos contestó que ellos tampoco tienen el destino de las reservas, alre­dedor de USD 40 millones”, comentó.

Torres detalló que el examen de correspondencia inició en 2024 y que, por petición de la Dirección Nacional de Ingre­sos Tributarios, las incon­gruencias fueron remitidas al Ministerio Público. Este hecho imposibilitó a la Con­traloría finalizar el estudio sobre las declaraciones jura­das de Abdo Benítez.

“No hubo disminución en las reservas y se detectó que la mayor cantidad de esas reservas estaban constituidas por deudores por venta. El punto llamativo era que esos deudores informaban que no tenían deudas con las empresas. Aunque no es nues­tra competencia indagar a las empresas privadas, no pode­mos pasar por alto esta situa­ción y no informar al Ministe­rio Público”, comentó.