De confirmarse que es beneficiario final, el expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez repite el esquema de cuentas offshore que ya fue investigado y condenado en la Argentina con la expresidenta Cristina Fernández.

El escándalo denun­ciado por el periodista argentino Luis Gasu­lla, de Periodismo y Punto, sobre la supuesta fortuna no declarada del expresidente Mario Abdo Benítez en cuen­tas en paraísos fiscales remite a un antecedente cercano que también tuvo ribetes de estré­pito. El caso coincide en las islas Seychelles como destino del dinero oculto, pero en el caso argentino ya tuvo escla­recimiento con la condena por parte de la Justicia. Pero las similitudes no se remiten solamente a un destino.

Tanto en el caso conocido como “La ruta del dinero K”, en referencia a la for­tuna de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, como en el que involucra al expresi­dente paraguayo Mario Abdo Benítez, se repite un patrón frecuente: el uso de empre­sas offshore registradas en paraísos fiscales, específica­mente en las islas Seychelles, para ocultar la trazabilidad del dinero.

Las islas Seychelles, un paraíso fiscal enclavado en pleno océano Índico, cerca de las costas de Madagascar, aparecen como uno de los des­tinos finales del dinero lavado por numerosos empresarios y políticos a nivel mundial. Estas islas ofrecían hasta hace pocos años opacidad bancaria total, sin requeri­mientos sobre beneficiarios finales; sociedades offshore que se constituían en menos de 48 horas sin control efec­tivo y la ausencia de coope­ración judicial internacio­nal eficaz (hasta que en 2021 mejoró sus normas y salió de la lista negra del GAFI).

En ambos esquemas monta­dos (bajo sospecha en el caso del expresidente paraguayo), las cuentas no están a nom­bre de los políticos implica­dos, sino de sociedades que actúan como intermedia­rias, lo que torna más difícil la detección del vínculo directo con los fondos.

No obstante, en los dos casos, las filtraciones señalan a los beneficiarios finales que en el caso de los K se refiere al empresario Lázaro Báez y su familia, Abdo y su esposa en el segundo. En el caso de las cuentas vinculadas al expre­sidente, estas reciben remesas desde otras zonas de empre­sas establecidas en Hong Kong o Dubái, lo cual dificulta aún más hacer un seguimiento al origen de los fondos.

Otra coincidencia es el intento de ambos protagonistas por desmarcarse de las acusaciones. En el caso K, se recurrió a la negación y a dis­cursos políticos que intenta­ban desacreditar las denun­cias. En relación a Abdo, fue el propio exmandatario que recurrió a un comunicado en redes sociales negando la existencia de estas supues­tas cuentas y aleccionando a sus aliados (políticos y en los medios) que lo defiendan de la “campaña política” montada en su contra.

Pero claramente la intención al apelar a esa estrategia es la preventiva. Es por ello que Mario Abdo y su equipo de abogados envió un pedido ofi­cial al Gobierno de Seyche­lles pidiendo confirmación sobre la titularidad e inexis­tencia de cuentas a su nombre, sabiendo que estas no están registradas directamente a él, sino a través de terceras firmas. En ambos casos, se intenta cerrar el escándalo desde el aspecto formal, sin desmontar el circuito del dinero.

La clave en los dos procesos está en la capacidad del Minis­terio Público en investigar más allá de los titulares de las cuentas. La ruta del dinero, es decir, el camino que recorren los fondos desde su origen hasta su destino final, per­mite detectar irregularida­des, incluso cuando los nom­bres no figuran en los papeles visibles. En el caso argen­tino, la Justicia logró probar lavado de dinero y condenar a los responsables. En el caso paraguayo, aún resta deter­minar si la Fiscalía tomará un rumbo autónomo o cederá ante presiones políticas.

El sonado caso de “La Ruta del Dinero K”, que fuera iniciada a través de una denuncia que la hiciera hace 10 años el perio­dista Jorge Lanata (Perio­dismo para Todos) involucra a Báez y otros acusados por lavado de dinero proveniente de la obra pública. Báez fue condenado a 12 años de pri­sión en 2021 por lavado de dinero y a 6 años en 2022 por asociación ilícita con Cristina Fernández de Kirchner. Ade­más, se le inhibieron los bie­nes y se le prohibió salir del país.

La Justicia determinó que se lavaron más de USD 55 millo­nes, aunque se sospecha que el monto real fue mucho mayor.

El esquema que siguió la ruta del dinero K era bastante común para operaciones que pretendían convertirse en lavado de activos. Así se hacía primeramente la extracción de dinero en efectivo: millones de dólares en efectivo salían en valijas desde Santa Cruz hacia Buenos Aires (documentado en cámaras de seguridad). Luego el traslado al exterior: el dinero era llevado en vuelos privados a Uruguay, luego transferido a bancos en Suiza, Panamá y otros.

Un paso clave era la creación de sociedades offshore: a través de firmas como SGI (conocida como La Rosadita) se constituían empresas pantalla en paraísos fiscales como Panamá, Belice, Hong Kong y Seychelles. Otra instancia eran las cuentas bancarias en los paraísos fiscales: estas sociedades abrían cuentas en bancos de paraísos fiscales. En Seychelles, por ejemplo, se documentaron empresas vinculadas a Báez con fondos millonarios sin una justificación clara. El lavado a través de inversiones y retornos: una vez blanqueado, parte del dinero retornaba a la Argentina mediante compras de propiedades, campos, autos de lujo y financiamiento de medios y empresas.