La Cámara de Diputa­dos analizará en su sesión ordinaria del martes el proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, para esta­blecer castigos de hasta 25 años de prisión para funcio­narios públicos que incu­rran en determinados deli­tos.

La iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate fron­tal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacio­nal se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.

Sostienen que la corrup­ción pública “atenta direc­tamente contra los derechos humanos” y que “sus conse­cuencias son equiparables a crímenes de lesa huma­nidad”, al afectar servicios básicos como salud, educa­ción y seguridad.

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El proyecto, que se encuen­tra en su primer trámite y plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipi­fica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.

Además, incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegíti­mamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo mul­tas de mil días para fun­cionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebra­ción

Entre las principales modi­ficaciones están la de: Lesión de confianza (Art. 192), cuya pena actual es hasta 5 años o multa, y se propone subir a 25 años para funcionarios públicos en los casos graves. En lo que refiera asociación cri­minal (Art. 239), contempla solo hasta 5 años y sugieren elevar de 10 a 15 años para funcionarios públicos. Con relación al cohecho pasivo (Art. 300), actualmente se castiga con hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces y se recomienda de 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces, entre otras modificaciones.

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