El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expuso en conferencia de prensa el hallazgo de graves irregula­ridades en la gestión del apar­tado intendente Miguel Prieto Vallejos que confirman pun­tos consignados en el informe de la Contraloría General de la República, según la expli­cación. Lo encontrado repre­senta el 30 % de las causales de intervención indicadas por la CGR, según lo informado esta mañana. Son 31 días de audi­toría.

“Las pruebas documentales a las que accedimos nos permi­ten constatar graves irregula­ridades en la administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad. Hay un meca­nismo institucionalizado para violar la ley y para evitar con­troles de manera sistemática”, sostuvo el licenciado Ramírez.

Una de las conclusiones tiene que ver con la “transferencia de más de 3 mil millones de guaraníes (G. 3.042.645.716), que ya la propia Contraloría había señalado y esta inter­vención comprueba”.

Entre las principales causa­les identificadas por la CGR y corroboradas por el equipo interventor, según lo infor­mado hoy, están las “inconsis­tencias y falta de justificación en la asignación de transferen­cias y el incumplimiento de los procesos de contratación, en el uso de dichos fondos para eje­cutar obras”.

También “irregularidades en los procesos legales de asig­nación de fondos a oenegés y comisiones vecinales; y trans­ferencias sin el cumplimiento de los requisitos legales y docu­mentales exigidos”, explicó el interventor Ramírez.

“Las disposiciones exigen que, quienes reciben aportes deben tener cuentas bancarias, eso no fue observado en varios de los documentos a los que accedimos, hay regulaciones en materia de lavado de dinero, en materia de cumplimiento impositivo que no se cum­plieron”, agregó el interven­tor, como ejemplo de las irre­gularidades.

Otro punto expuesto es que las entidades beneficiarias de los aportes no administraban los fondos recibidos.

Según la exposición, la inter­vención detectó también pagos a proveedores realizados antes de las adjudicaciones, donde la empresa ganadora cobró cheques antes de conocerse la firma ganadora. En este punto mencionó un caso en que la adjudicación tiene fecha 31 de diciembre de 2020, pero el cobro ya fue efectuado el 29 de diciembre.

“Los supuestos procesos de selección estaban montados, se crearon empresas para cap­tar fondos, se hizo una ins­trumentación de comisiones vecinales que fueron simples intermediarios, simples endo­santes, fueron utilizados como pantalla para eludir la ley. Las causales de intervención están plenamente confirmadas”, resumió el interventor.

La intervención resaltó que estos hallazgos no configu­ran errores administrativos, sino un sistema cuidadosa­mente planificado para bur­lar las leyes, para desviar fon­dos públicos, según indicó.