• LA CAJA NEGRA

Lapidarias auditorías internas y externas revelan el colapso financiero y estructural del Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administra­ción de Vicente Bataglia, el titular del ente durante el gobierno de Mario Abdo Bení­tez, dejando miles de asegu­rados sin acceso a hospitales prometidos y con un sistema sanitario fuertemente dete­riorado. Estas irregularida­des fueron puestas a cono­cimiento de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía para que se llegue hasta todos los responsables de la crisis en la previsional.

El presidente del IPS, Jorge Brítez, entregó al contralor general, Camilo Benítez, los resultados de auditorías que exponen graves irregu­laridades cometidas en la gestión de Vicente Bataglia (2021-2023), bajo el gobierno anterior. La situación revela una crisis estructural provo­cada por desvío de fondos, obras inexistentes y falsifi­caciones documentales.

Uno de los puntos más alar­mantes es el uso irregular del fideicomiso (FID) por G. 828.800 millones, cuyo des­tino debía ser la construc­ción de cuatro hospitales y otros centros de salud. Sin embargo, solo se constru­yeron dos, mientras que el Hospital Hemato-Oncoló­gico apenas supera el 20 % de avance y el Hospital Día directamente no existe.

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Para este último centro fue­ron asignados USD 60 millo­nes que debía ser un hospital ambulatorio sin internación. Sin embargo, no existe pro­yecto, resolución ni aproba­ción del IPS que respalde su ejecución. Los fondos fueron redirigidos sin justificación al Hospital Geriátrico Buon­germini, que sí cuenta con camas de internación, vio­lando la finalidad original del financiamiento.

Las auditorías practicadas por la actual administración del IPS fueron entregadas al contralor Benítez.

OBRAS INEXISTENTES

Además, se detectaron pagos por obras inexistentes por G. 3.098 millones, con certifica­dos de contenido falso. Una empresa contratista incluso admitió haber cobrado por trabajos no realizados y ofre­ció devolver el dinero tras ser descubierto por la auditoría.

Así también, el informe deta­lla que durante los ejercicios 2022 y 2023, el IPS solicitó ampliaciones presupuesta­rias por G. 700 mil millones y 2,1 billones de guaraníes con base en saldos iniciales de caja que no existían, com­prometiendo aún más la sos­tenibilidad de la institución.

Estas ampliaciones fueron utilizadas para cubrir gas­tos sin respaldo real, lo que contribuyó directamente a la actual crisis de pagos, deuda acumulada y deterioro en la atención médica.

Las auditorías determina­ron que incluso se mintió al Ministerio de Economía (entonces Hacienda) para justificar ampliaciones con fondos que nunca estuvieron disponibles. El resultado de esta gestión irresponsable es tangible, ya que dos hospita­les prometidos no existen, y el IPS arrastra deudas millo­narias que afectan directa­mente a la calidad del servicio médico para sus asegurados.

Mientras miles de paragua­yos esperan por turnos, tra­tamientos o cirugías, los fon­dos que debían fortalecer la infraestructura hospitala­ria fueron mal utilizados o directamente desaparecie­ron durante la administra­ción abdista.

DENUNCIAS

Desde octubre de 2023, la actual administración pre­sentó ya cuatro denuncias penales por estos hechos. Los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel, Leonardi Guerrero y Héctor Velázquez están al frente de las investigaciones.

Además, ahora la Contralo­ría General de la República tiene en sus manos los infor­mes de auditoría que eviden­cian cómo fue el comienzo de la debacle en la previsional, cuya responsabilidad tiene nombre y apellido.

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