El viceministro de Tra­bajo, César Segovia, confirmó ayer que estarán remitiendo notas de invitación para la insta­lación de una mesa tripar­tita con el sector del trans­porte, el próximo 14 de julio a las 15:30, a fin de evitar el paro de buses anunciado por el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metro­politana (Cetrapam), entre el lunes 21 y el miércoles 23 de julio.

En conversación con el pro­grama “Dos en la ciudad”, que se emite por Universo 970 AM y canal GEN/Nación Media, Segovia explicó que el anuncio de la medida de fuerza activa un protocolo, que ya está establecido en la normativa legal, por el cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) remite una notifi­cación para una audiencia tri­partita de carácter obligato­rio para las partes.

“En ese momento se busca­rán los mecanismos y posi­bilidad de acuerdos, porque el objetivo de esta mesa es buscar la conciliación y evi­tar de ese modo la medida de fuerza”, explicó el viceminis­tro del MTESS acerca de la convocatoria de represen­tantes de Cetrapam y, por otro lado, del Viceministe­rio del Transporte, depen­diente del Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC).

Indicó que a la desactivación del paro se puede llegar de dos formas, por la suspensión o bien el levantamiento total de la medida de fuerza. Segovia recordó que ya en junio del año 2024 se había dado una situación similar, y que luego de una serie de deliberacio­nes se lograron importantes avances.

“En esa ocasión, el minis­terio suspendió por 22 días la medida de fuerza, que es una de las facultades que tiene, y, en ese tiempo, se logró el acuerdo total y el levantamiento de la medida de fuerza. Ahora intentare­mos de vuelta de acercar las posiciones, y todo dependerá de la voluntad de las partes porque, a pesar de que sea una cuestión extrema, el paro es un derecho constitucional que tiene tanto patronales como empleados”, mencionó Segovia a Nación Media.

No obstante, manifestó que se buscará garantizar que se preste el servicio mínimo en caso de no llegar a un acuerdo antes de las fechas estableci­das para el paro. En tal caso, el Viceministerio del Trans­porte debe comunicar cuál es el mínimo de buses necesarios para garantizar que exista un servicio mínimo para no afec­tar a la ciudadanía.

Las pérdidas estimativas rondarían alrededor de G. 66.000 millones.

“Es urgente destrabar el paro de buses, saldrá perjudicado el sector más humilde”, sos­tuvo el especialista en empleo Enrique López Arce, al adver­tir que la medida impulsada por los empresarios del trans­porte por un lapso de 72 horas, a partir del lunes 21 de julio, generará una pérdida equi­valente a G. 22.400.000.000 por día o G. 66.000.000.000 por las tres jornadas.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, López Arce indicó que para medir el impacto de la eventual huelga, considerada como ilegal por el Vicemi­nisterio del Transporte, usó como fuente los datos proveí­dos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refe­rente al comportamiento laboral por departamentos, así como el último informe del Banco Mundial, emitido en abril, y el informe de movi­lidad de Asunción y el Área Metropolitana del Viceminis­terio del Transporte, publi­cado en julio de 2023.

“De acuerdo a los últimos informes, en la ciudad de Asunción vienen a trabajar 269.470 trabajadores y en las principales ciudades de Cen­tral van 1.023.904 trabajado­res”, puntualizó el especia­lista a LN.

Señaló que el 69 % de los hoga­res cuenta con movilidad pro­pia, es decir, de cada 10 casas, en 7 hay una moto o un auto. Agregó que un 19.97 % de los trabajadores van en bus, cifra que representaría a un total de 100.000 personas.

“Si de estas 100.000 perso­nas perdieran el día y dejaran de cobrar, el perjuicio laboral sería de G. 22.400.000.000 por día. Si nos vamos al paro por 3 días, estamos hablando más de G. 66.000.000.000. Esto también generará una pérdida comercial y de logís­tica ya que ese día saldrán muchos vehículos pequeños que eran reemplazados por los buses, se generará más tráfico”, refirió López Arce.

Respecto al volumen de via­jes, detalló que el 51 % de la población utiliza los buses para acudir a sus puestos de trabajo, el 10 % usa para reali­zar compras, el 8 % para estu­dios y otro 8 % para el ocio, mientras que un 7,8 % para desarrollar otras gestiones (recoger a alguien).

“Hay aproximadamente 350.000 personas que se mueven diariamente en buses, el 51 % equivale a 175.000 trabajadores que probablemente estén usando los buses. Con el paro de buses nadie gana, ni el traba­jador, ni el transportistas, ni las empresas y mucho menos la economía”, lamentó.

“La ciudadanía no puede seguir siendo rehén de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio”, expresó Rodrigo Gamarra.

El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sec­tor transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna cri­sis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del trans­porte”, dijo.

De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador com­partió unos datos concretos respecto a la suba de combus­tible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente San­tiago Peña.

Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del -18 %.

“Nosotros, y menos la ciuda­danía, podemos seguir siendo rehenes de un grupo que ame­naza con paralizar el país cada vez que no se le da un privile­gio. El Estado no puede legis­lar bajo extorsión. Acá es nece­sario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .