Desde la Contraloría Ciudadana de Ciu­dad del Este indica­ron que el intendente suspen­dido, Miguel Prieto, antes de retirarse y dar lugar al inter­ventor, Ramón Ramírez, rea­lizó varias maniobras con el fin de generar un desorden en la municipalidad de modo de que se pierda el foco de la investigación sobre su ges­tión, sobre la cual pesan seve­ras sospechas de comisión de hechos punibles.

“Prieto hizo un boicot a la municipalidad dándole vacaciones a todo el per­sonal de aseo urbano para que la ciudad esté sucia, no quiere facilitar la inter­vención, porque el interven­tor no solo debe investigar, sino administrar la ciudad y con el caos lo que se busca es sacarle al interventor de su rol principal”, afirmó la coordinadora de la Con­traloría Ciudadana, Mag­dalena Montiel.

Según manifestó, existen muchas más irregularida­des que las mencionadas por la Contraloría General de la República en su fundamenta­ción para el pedido de inter­vención, las cuales saldrían a la luz durante este proceso y es eso lo que buscaría evi­tar Prieto a través de varias acciones.

SIN RECURSOS PARA SALARIOS

“Tampoco dejó recursos sufi­cientes para el pago de sala­rios, por lo que seguro va a haber un atraso y eso es para que se le vayan encima los funcionarios al interventor, esa es la situación que ellos armaron”, aseveró Montiel. También mencionó que el intendente suspendido dejó a la municipalidad sin la Poli­cía Municipal de Tránsito, por lo que la Policía Nacional debe hoy cumplir con el rol de orga­nizar el flujo vehicular.

Desde la Contraloría Ciuda­dana también lamentaron que Prieto trate de manchar la reputación de sus integran­tes como represalia por las denuncias que han realizado como organización civil, por lo que adelantaron que están preparando una querella en su contra por difamación y calumnia.

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