El abogado Claudio Lovera apeló la resolución que dis­puso la reapertura del pro­ceso penal por lavado de dinero y frustración de la persecución penal contra el exministro de la Seprelad Óscar Boidanich. La defensa sostiene que no se ha funda­mentado la determinación de reabrir el presente caso por lo que se debe declarar la nulidad de la resolución del juzgado y ordenar el sobre­seimiento definitivo.

Lovera sostiene que “la reso­lución judicial genera un agravio irreparable puesto que dispone la reapertura de la causa no solamente sin expresar los fundamen­tos de la decisión, en el sen­tido de exponer el razo­namiento que sostiene el cumplimiento de todos los requisitos procesales para la procedencia de la reaper­tura, sino que además dichos requisitos o presupuestos en el caso en concreto no se encuentran cumplidos por completo, generándose un procesamiento (a través de la reapertura) que incumple con la Constitución Nacio­nal en su artículo 11 y otros”.

También la defensa de Boi­danich sostiene que “la resolución recurrida no ha expresado fundamento alguno para poder reabrir el caso debido a que el Minis­terio Público no fundamentó su pedido”. Asimismo men­cionan que “surge con cla­ridad que las diligencias realizadas por la Fiscalía no exponen datos que vin­culados con los anteriores (obtenidos durante la etapa preparatoria) hagan superar el estado que determinó el dictado del sobreseimiento provisional”.

Igualmente, Lovera señala que “por dichas circuns­tancias, corresponde revo­car la resolución apelada, disponiendo no hacer lugar a la solicitud de reapertura infundadamente formu­lada, con los alcances pre­vistos en la legislación pro­cesal, o, en su caso, declarar su nulidad en atención a su incursión en una clara cau­sal de arbitrariedad, lo que también implica dejar sin efecto las demás decisiones contenidas en la resolución por ser consecuencias direc­tas de la reapertura”, indica la apelación presentada por la defensa del extitular de Seprelad.

La acusación del Ministerio Público contra Óscar Boida­nich, el extitular de la Sepre­lad del gobierno Cartes, es contradictoria sostiene Lovera, defensor del exfun­cionario. La postura fiscal es confusa atendiendo a que los investigadores recono­cieron que la comunicación realizada por la institución al Ministerio Público sobre Darío Messer se hizo de forma correcta y en tiempo y los embargos y el comiso de bienes se realizaron sobre el cien por ciento de lo denun­ciado.