El director de Finan­ciamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó que la institución requiere de la recepción de las nuevas máquinas de votación hasta diciembre para poder cumplir con su calendario de capaci­taciones y auditorías. Por lo que urge que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina la medida caute­lar impuesta al proceso de lici­tación por una empresa que carece de la experiencia esta­blecida como requisito.

“Hace 15 días, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa que había pre­sentado una protesta contra la adenda número 3 al pliego de bases y condiciones, en donde nosotros establecimos como criterio una experien­cia de 10 años para aquellas empresas que sean fabrican­tes de máquinas de votación”, explicó el funcionario electo­ral en entrevista a la 1020 AM.

La empresa protestó ese requisito argumentando que era excesivo, solicitando que se baje a 5 años. Esta protesta fue rechazada por la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas (DNCP), ale­gando que la empresa no es fabricante, sino proveedor de software, por lo que no exis­tía agravio.

“La empresa presentó una reconsideración y, antes de resolver la DNCP, antes de agotar las instancias inter­nas, ya recurrieron al Tribu­nal de Cuentas y les otorgó la medida cautelar que suspende el proceso de licitación. En esa etapa estamos actualmente, la DNCP apeló esta resolución con la cual se otorga la medida cautelar. La apelación atiende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.