En primer término y tras un largo debate, la Cámara de Dipu­tados aprobó en mayoría el pedido de acuerdo consti­tucional para proceder a la intervención de la Municipa­lidad de Ciudad del Este, bajo la administración de Miguel Prieto.

Esto se da luego de tomar en consideración los dictáme­nes emitidos por la comisión especial que llevó adelante el análisis técnico del pedido presentado por el Poder Eje­cutivo a raíz de la auditoría de la Contraloría General de la República, donde se detec­taron varios hechos irregu­lares.

Con la suficiente mayoría de la mitad más uno, el plenario aprobó el pedido de interven­ción y se dará comunicación a las instancias correspon­dientes.

El conteo de los votos quedó de la siguiente forma, 47 legisladores votaron a favor, 27 emitieron voto en contra; mientras que otros 4 diputa­dos optaron por abstenerse.

Luego de escuchar los diferen­tes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el ple­nario de la Cámara de Dipu­tados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitu­cional para dar intervención a la Municipalidad de Asun­ción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.

En este caso, incluso la ban­cada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve ade­lante esta intervención, reco­nociendo la predisposición del jefe comunal de la capi­tal, quien manifestó ante la comisión especial que estu­dió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.

Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien pre­sidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dic­tamen por la aprobación.

El interventor designado por el Poder Ejecutivo es personalmente responsable de los actos realizados en el cumplimiento de sus funciones.

• HOY.COM.PY

Tras el acuerdo otorgado por la Cámara de Diputados para la intervención de los muni­cipios de Asunción y Ciudad del Este, el Poder Ejecutivo decretará la intervención y designará al Interventor den­tro del plazo de quince días.

El interventor deberá ser gra­duado en Derecho o en Cien­cias Económicas, Adminis­trativas o Contables y reunir los mismos requisitos exi­gidos para acceder al cargo intervenido, salvo el de la residencia.

Es personalmente responsa­ble de los actos realizados en el cumplimiento de sus fun­ciones.

El interventor deberá elevar su dictamen al Poder Ejecu­tivo dentro del plazo de 70 días, a partir de la fecha en que tomó posesión del cargo, y el Poder Ejecutivo lo remi­tirá de inmediato a la Cámara de Diputados.

Recibidos los dictámenes, la Cámara de Diputados podrá resolver por mayoría abso­luta la destitución del inten­dente municipal y en su caso de los miembros de las Jun­tas Municipales.

En caso de resolverse la desti­tución del intendente muni­cipal, la Junta respectiva ele­girá de entre sus miembros al que lo sustituya, hasta que asuma el nuevo jefe comunal.

“Tomamos como un acto de justicia por un lado porque la Justicia no actuó a tiempo, entonces se tuvo que recurrir a esto, a la intervención, pero estamos supercontentos”, expresó Mag­dalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana.

Durante el debate, los legisladores de la oposi­ción tuvieron diferentes criterios al momento de considerar si era necesaria o no la presen­cia de auditores en ambas comunas, lo cual fue calificado como un “festival de hipocresía” por parte del diputado Alejandro Aguilera.

“Ellos atacaban diciendo que el pedido de la Contraloría General de la República era incons­titucional, esa fue la defensa utilizada por la mayoría de los diputados de la oposición que hizo uso de palabra cuando se estaba tratando la intervención en Ciudad del Este, pero des­pués de 10 minutos, cuando se tenía que votar lo de Asunción, ahí ya era constitucional y vota­ron todos por la intervención”, afirmó.

“Esta no es una guerra del clan Zacarías, sino de la ciudadanía, de la Contraloría, y de jóvenes”, enfatizó la diputada altoparanaense Rocío Abed.

“Acá hay un esfuerzo hasta casi descarado de querer desacreditar la figura de la Contraloría General de la República, que es el órgano natu­ral que realiza los controles del uso de los recur­sos públicos”, expresó el diputado Hugo Meza.