El contralor general de la República, Camilo Benítez, llegó ayer a la Cámara de Diputados para reunirse con la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por el intendente Miguel Prieto.

Benítez expuso sobre las irregularidades encontradas en la gestión del jefe comunal, que son tres, y que derivó en el pedido de la intervención de Asunción y la capital esteña.

Una de estas irregularidades fue encontrada en el rubro 800, que es una partida presupuestaria utilizada para la transferencia de fondos a organizaciones civiles, para el financiamiento de proyectos u obras de interés comunitario, que no cuentan con documentos respaldatorios. Como segundo elemento, Benítez citó ante la prensa que la entidad de control ya auditó ambos municipios y se se había enviado al Ministerio Público varias veces, “denuncias penales, reportes de indicios de hechos punibles”.

Como un tercer elemento, Benítez comentó que “ambos municipios remiten sus documentaciones al Tribunal de Cuentas y eso hace que no se pueda proseguir, porque cuando queremos avanzar sobre algún tipo de actividad de control, nos dicen que esa documentación no tienen, está en el Tribunal de Cuentas”.

La Comisión de Intervención para el municipio de Asunción fue integrada y fueron designadas sus autoridades. Para la presidencia fue designado el diputado Rodrigo Gamarra, quien encabezará los trabajos de investigación en el pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo. Como vicepresidente fue elegido el diputado Jorge Ávalos Mariño y como secretaria la diputada Bettina Aguilera.

El legislador indicó que los trabajos ya se iniciarán de manera inmediata, teniendo en cuenta que se cuenta con 15 días para emitir un dictamen sobre todos los datos recabados y sean puestos a consideración del pleno de la Cámara Baja que definirá si amerita o no la intervención.