Tras una reunión con los miembros de la Comisión Especial del Senado para investigar el caso denominado la Mafia de los Pagarés, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, dijo que instan a los jueces anular los procesos judiciales de cobro de pagarés que no estén acorde a las normativas.

“Y evidentemente la solución tiene que pasar, según entendemos en la Corte, por el respeto al artículo 248 de la Constitución y el planteamiento ante los jueces competentes de pedidos de nulidad que podría haber en casos de que la cédula no haya sido realizada o hayan sido mal realizadas, sin perjuicio de la posibilidad de que los jueces apliquen la nulidad de oficio cuando existan méritos para ello”, manifestó el ministro Martínez Simón.

Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez dijo que “lo que realizamos hasta el momento es todo lo que se puede hacer dentro de la competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”. La Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso Nacional dos proyectos, uno establece un nuevo marco legal en favor de las víctimas y el otro propone la creación de juzgados de paz sin afectación presupuestaria.

“Los senadores nos dijeron expresamente que darán celeridad a los proyectos, que serán objeto de un tratamiento preferencial. Las iniciativas serán tratadas indefectiblemente en la siguiente sesión de la Cámara”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La primera propuesta apunta a aliviar la congestión en los tribunales de la capital, mejorar la administración de justicia y redistribuir la carga sin generar un nuevo impacto presupuestario, según la exposición de motivos.

Mientras que el segundo proyecto establece un régimen obligatorio de depósito judicial de pagarés y otros títulos de crédito en procesos civiles. Su finalidad se centra en garantizar la trazabilidad, evitar su circulación indebida y asegurar la cadena de custodia. También propone que, una vez cancelada la deuda, el documento original sea devuelto al deudor.

Luego Jiménez Rolón dijo que también informaron a la comisión especial que investiga la mafia de los pagarés la cantidad de funcionarios judiciales salpicados en el esquema y que son parte de un proceso de investigación.

Desde la Corte Suprema detallaron que unos 5 jueces, 10 actuarios, 7 ujieres y 25 oficiales de justicia ya fueron sumariados hasta la fecha. Todos ellos actualmente se encuentran suspendidos en sus funciones ante sospechas de tener participación en esta rosca delictiva.