Tras largos años de blindaje y luego del último demoledor dictamen de la Contraloría General de la República por el cual pide la intervención de su administración, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se encuentra acorralado por las irregularidades que hasta ahora arrastra con total impunidad.

Desde aquel sonado caso de la Tía Chela, una pequeña des­pensita a la que Miguel Prieto le adjudicó casi G. 3.000 millones por la com­pra de alimentos que no tenía en stock durante la pandemia y por la cual fue imputado por el Ministerio Público al revelarse indi­cios de un esquema frau­dulento de adquisiciones, no pararon denuncias de corrupción contra su admi­nistración, en su mayoría conformadas por la Con­traloría.

El intendente suma 43 denuncias en su contra ante el Ministerio Público, dos imputaciones por irregula­ridades en compras covid, pero goza de una impuni­dad sin precedentes, gracias al blindaje de sus aliados opositores, como la prensa amiga de estos.

Un vendedor de frazadas convertido en empresario de la construcción o una discoteca convertida en una constructora son tan solo algunos de los benefi­ciados con los millonarios contratos en la capital del Alto Paraná (ver infografía).

La nómina de beneficia­dos incluye a empresa ligada a una de sus expare­jas, Vanessa Florentín, de Vanemi SA, una ferretería que presentó facturas de venta de alimentos a Tía Chela en el intento de res­paldar la adquisición de pro­ductos alimenticios de un autoservice que no disponía los víveres.

Prieto otorgó contratos por cerca de USD 2 millones a MB Constructora, propie­dad de Elvio Mareco, un cercano aliado político y aportante de su campaña. En solo dos años, Mareco, anteriormente un vende­dor de frazadas, recibió nueve contratos exclusivos de la comuna, por más de G. 14.571 millones.

SCDE SA, antes conocida como Golden Rouge SA, pasó de ser un club noc­turno para convertirse en una constructora favore­cida por la Municipalidad de Ciudad del Este con más de G. 14.000 millones (unos USD 1,7 millones) en con­tratos desde 2022. Inicial­mente, Golden Rouge ope­raba en el rubro de bebidas y entretenimiento, pero en 2021 cambió su denomina­ción y actividades, inclu­yendo la construcción de carreteras, edificios y otras infraestructuras. Entre sus accionistas figura Lumma Silva Battochi, funcionaria de la municipalidad y esposa de Juan Quiroga Cañete, director de la Secretaría de la Vivienda. Silva Battochi, con un salario mensual de G. 3 millones, aportó G. 320 millones como capital para integrarse a la empresa, una cifra que contrasta noto­riamente con sus ingresos como funcionaria.No hay que olvidar dos subcomi­siones vinculadas a Quiroga Cañete y Silva Battochi recibie­ron más de G. 311 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este para supuestas ollas popu­lares. Los desembolsos, apro­bados el mismo día de su solici­tud, se justificaron con facturas cuestionables de FASV Import Expor, sin especificar marcas, lugares de entrega ni distribu­ción de los insumos.

Una clínica móvil sindi­cada de mau por no contar con las especificaciones técnicas establecidas en contrato, ganancias regis­tradas como pérdidas, mul­timillonarias transferen­cias a comisiones vecinales fantasma, entre otros for­man parte del rosario de irregularidades de la ges­tión Prieto.