La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, celebró con esperanza el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este. Este fue presentado por la Contraloría General de la República como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión del intendente Miguel Prieto.

“Se despierta una esperanza porque llevamos prácticamente diez denuncias realizadas ante la Fiscalía de Delitos Económicos”, manifestó Montiel, al señalar que una de esas causas derivó en la imputación del jefe comunal por el caso conocido como Tajy.

En conversación con Universo 970 AM/Nación Media, Montiel explicó que el pedido de intervención guarda relación con una transferencia de casi G. 2.000 millones destinada al proyecto Navidad Sustentable, manejado por una subcomisión.

“Nosotros habíamos denunciado penalmente esa misma transferencia el año antepasado. Es el tercer año que se realiza este desembolso, pero al parecer esta vez la Contraloría analizó los documentos del último periodo y constató las irregularidades”, afirmó.

La representante ciudadana alertó sobre otros casos, como la transferencia anual de G. 3.000 millones a otra subcomisión encargada de organizar las festividades del 3 de febrero, aniversario de la ciudad, en las que se “hacen superfiestas con dinero público”, aseguró.

Destacó las denuncias de irregularidades en la ejecución de obras financiadas por el Fonacide, señalando adjudicaciones a empresas sin experiencia en construcción, incluso mencionando una firma que opera como discoteca. “Muchas de estas obras presentan daños estructurales con apenas un año de uso”, advirtió.

Expresó su preocupación por el temor de algunos directores escolares a denunciar públicamente, por miedo a represalias. “Todas aquellas denuncias que hicimos en contra de Miguel Prieto no eran una persecución como el intendente argumenta”, aclaró.