El proceso conocido como filtraciones de la Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sigue tra­bado. En este caso, la Cámara de Apelación, integrada por los camaristas Arnulfo Arias, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, debe resolver la repo­sición y apelación en subsi­dio contra la providencia de la jueza Cynthia Lovera, pre­sentada por la defensa de los acusados.

Para que siga el proceso judi­cial, la Cámara de Apelación de la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) debe destrabar el caso para luego bajar nueva­mente el expediente a la jueza penal de garantías, que a su vez tendrá que estudiar los doce incidentes iniciales pre­sentados en marzo de 2024. Se espera que esta semana se destrabe el caso, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, desde judicia­les. Los abogados de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez presentaron a finales de marzo la reposición y apelación en subsidio con­tra la providencia de la jueza Cynthia Lovera. La jueza debía realizar una audiencia para decidir si se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024, donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores de Abdo.

El Ministerio Público ya había presentado su reque­rimiento conclusivo y ha soli­citado que el caso se eleve a un juicio oral y público, lo que los defensores de los exministros de Abdo pretenden evitar con la serie de chicanas presenta­das en todo este proceso.

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Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusa­dos por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de ser­vicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial, inducción a un subor­dinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usur­pación de funciones públicas y asociación criminal. Mien­tras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judi­cial surgió tras la denuncia formal por persecución polí­tica de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios inter­nos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

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