Miembros del consejo administrativo del Instituto José P. Guggiari (IJPG), dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), remitie­ron al Directorio partidario y autoridades parlamenta­rias el informe de auditoría financiera en el que cons­tatan una malversación de fondos por más de G. 1.389 millones, sin justificación sobre su uso.

Para comprender mejor sobre el informe de audi­toría, La Nación/Nación Media, conversó con la directora de Capacitacio­nes que integra el Consejo de Administración del IJPG, Rebeca Sosa, quien dijo que efectivamente constataron el millonario gasto de los recursos que debían estar destinados exclusivamente a capacitaciones y no están sustentados con documen­tos, ni órdenes de pagos o compras expedidos por las autoridades del consejo administrativo.

Indicó que esperan que este informe sea analizado en la brevedad por el Directorio. Igualmente, no descartan que se presente una denun­cia contra Hugo Fleitas por ser el principal responsable del uso de de los recursos destinados exclusivamente a capacitación.

Refiere en el balance que se debe exigir la devolución de unos G. 170 millones a cuenta de “Créditos a Rendir por Marlene Orué”, que son deudas pendientes a cobrar que no cuentan con docu­mentaciones respaldatorias.

“No se han encontrado las documentaciones de esas erogaciones de los recursos del Instituto José P. Gug­giari con órdenes de pagos, resoluciones, actas, ni nin­guna otra documentación que respalde el gasto de más de G. 1.300 millones. Son las observaciones que hicimos en el informe, conforme al periodo del ejercicio fiscal 2023-2024”, explicó.

Mencionó además que detec­taron el pago de honorarios a personas particulares que no hacen a la naturaleza jurí­dica del instituto que está destinado a brindar capaci­taciones, cursos, talleres, así como llevar adelante inves­tigaciones; que son las áreas en las que se pueden utili­zar los fondos destinados al IJPG, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educa­ción y Ciencias con malla curricular habilitada.

“Los pagos de honorarios que se ha registrado han sido por servicios personales y gratifi­caciones que no cuentan con el respaldo debido, sobre qué funciones realizaron estas personas dentro del insti­tuto. Hay faltas administra­tivas graves que no se pueden entender y lo que buscamos es esclarecer más que nada”, precisó.

Explicó que cualquier pago que realice el IJPG debe ser autorizado por la autoridad máxima que es el consejo rec­tor. Mencionó que llamó ade­más la atención el pago por combustibles y hospedajes que juntos, suman más de G. 154 millones, los que igual­mente no cuentan con docu­mentación respaldatoria que justifique que se destinaron para llevar adelante algún tipo de cursos o capacitación.

“No contamos nosotros con los cortes administrativos que hicimos, los cursos que se hayan hecho y que res­palden el uso de esos fondos. Todas las actividades que se lleven a cabo deben estar res­paldadas con la naturaleza jurídica del Instituto José P. Guggiari”, acotó.