El plenario de la Cámara de Diputados analizará mañana martes el proyecto de ley que modifica algunos artí­culos del Código Electoral, con el objetivo de introdu­cir importantes cambios al régimen actual de finan­ciamiento de las campañas políticas.

La iniciativa busca mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para par­tidos, movimientos internos y candidatos.

El proyecto plantea modifi­car los artículos 64 inciso a), 66 y el 278 inciso b) de la Ley n.º 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral vigente, en respuesta a una creciente preocupación por la trans­parencia en el uso de fondos durante los procesos elec­torales y a las dificultades operativas que han enfren­tado las nucleaciones polí­ticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos, excesivamente, complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las eleccio­nes internas.

Entre los principales cambios propuestos respecto a la legis­lación actual, se destacan:

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de recono­cimiento de los movimien­tos internos antes de la ins­cripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su iden­tificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declara­ciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Inte­reses Económicos Vincula­dos (DIEV) se presenten, úni­camente, en formato digital ante los organismos de con­trol, reduciendo el uso de papel y facilitando su aná­lisis.

Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma gene­ral, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fisca­lización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el por­tal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Además, se establece la con­formación de una unidad especializada de fiscaliza­ción que verificará la vera­cidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuen­tas únicas en institucio­nes financieras, estable­cida en el artículo n.º 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser san­cionada por la Superinten­dencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: en caso de comprobarse la false­dad en la declaración de ingre­sos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), como orga­nismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

Los proponentes aseguran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien ade­cuarlos a las nuevas necesi­dades administrativas y tec­nológicas.