El gobernador del Guairá, César Sosa, dijo entender el reclamo de los cañicultores, pero resaltó que hubo una “sobrefacturación gigantesca” en la instalación del nuevo tren de molienda durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

El gobernador César Sosa participó días atrás de una reunión con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y representantes de asociaciones de cañicultores, con el objetivo de destrabar los principales reclamos del sector, entre ellos, el precio de la caña, una mesa de trabajo con Petropar y la culminación del nuevo tren de molienda.

“Uno de los puntos más difíciles es el tren de molienda, que es una herencia del gobierno anterior”, expresó Sosa en charla con el canal GEN, al referirse a las irregularidades detectadas en el proyecto. Según explicó, la obra fue sobrefacturada en al menos 18 millones de dólares, según auditorías realizadas tras el cambio de administración. “Algo que salía 10 millones, se facturó 28 millones de dólares”, acotó.

Los cañicultores solicitan que se reactive la construcción del tren para poder entregar más caña a Petropar, ya que esta institución paga un precio superior al del sector privado: 270.000 guaraníes por tonelada frente a los 190.000 o 200.000 del mercado.

“Es lógico que quieran vender más a Petropar, pero no podemos avanzar sin antes tener una resolución judicial sobre las irregularidades”, añadió la autoridad.

Sosa recordó que, tras la reunión con el vicepresidente, se concretó también un encuentro con el presidente de Petropar, Eddie Jara, quien expresó su preocupación por la falta de una planta de tratamiento de efluentes en el proyecto.

Ante la consulta sobre una posible solución, el gobernador manifestó su compromiso en buscar la reactivación. “No podemos estar en contra de un sector tan noble como el cañero. Vamos a golpear todas las puertas necesarias para encontrar una solución. Tenemos que ver quién fue el culpable. Si fue el gobierno anterior, la contratada, etc., hoy quedamos como que nosotros somos quienes no queremos hacer”, dijo.

Mientras tanto, cientos de cañicultores de Guairá y Caaguazú esperan respuestas para asegurar la comercialización de su producción en condiciones más favorables.