Tal como desde hace 31 años, y a fines del mes de marzo, se realiza la marcha anual campesina, indígena y popular. En esta ocasión fueron establecidos los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de marzo para el efecto.
“El Estado garantiza la realización de las diferentes actividades que van tener espectro en la capital, Asunción. Por un lado, se garantiza la realización de las manifestaciones, la libre expresión de las personas, grupos o asociaciones que van a estar participando en nuestra capital entre el 25, 26 y 27″, expresó Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional.
Benítez encabezó ayer una conferencia de prensa dando los detalles de la operación de seguridad que se realizará durante la marcha anual campesina, indígena y popular, ente los días 25, 26 y 27 de marzo.
LIBRE TRÁNSITO
De igual manera, se garantiza la libre actividad de tránsito de las personas que no tengan que ver con ninguna de las marchas o las movilizaciones. “Como Policía Nacional del Paraguay y como mandato que tenemos a través de la Constitución Nacional, una vez más vamos a encargarnos de la prevención, la seguridad, el acompañamiento y, por sobre todas las cosas, de la seguridad y la integridad de la vida de las personas que van a estar en los alrededores como así también la de sus bienes”, apuntó.
Explicó que en un trabajo conjunto con varias instituciones del Estado se cuenta con un plan de operaciones de los sitios y el recorrido donde se desarrollarán las marchas y movilizaciones, como así también las operaciones que estará a caro de la jefatura de Planificación de Operaciones, que tendrá a su cargo cuáles son las calles y las arterias que deben utilizarse durante esta marcha.
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
Se estima que alrededor de 5.500 a 6.000 personas lleguen hasta la capital para participar de estas actividades por tres días, para lo cual se desplegará a 12.000 policías en las calles para la seguridad de los manifestantes y la sociedad. Se estableció un trabajo coordinado entre varias instituciones del Estado, encabezado por la Policía Nacional, y que involucra también al Ministerio del Interior, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Defensoría del Pueblo, Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Patrulla Caminera, y la Policía Municipal de Tránsito de varios municipios.