La abogada Mirna Morínigo, directora de Asistencia Legislativa y Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, habló de la importancia que tendrá este dispositivo en el corto y largo plazo.
“Si ahora tengo cerca de 80 % de las personas privadas de libertad en forma preventiva, ese porcentaje grande de gente está expuesta a ser captada por el crimen organizado, esas personas pueden salir a la sociedad y hacen todo tipo de hechos punibles, lo que termina siendo más costoso y más perjudicial para la ciudadanía”, expuso la abogada.
La explicación de la directora surgió a raíz de los cuestionamientos de que el Estado asuma el costo de las tobilleras en caso de que la persona demuestre insolvencia. En este sentido mencionó que hacer caso omiso a esto, y dejar que las personas guarden prisión preventiva, también genera un costo para los contribuyentes, además de que se genera un riesgo mayor para la sociedad.
“Es más difícil manejar una sobrepoblación penitenciaria y es preferible que siga trabajando y siga pagando el beneficio. La regla es el pago, la exoneración es excepción y la prevención siempre va a ser más barata. La prevención en cualquier ámbito, llámese salud y seguridad termina costando más barato al final al contribuyente “, enfatizó en contacto con la 1020 AM.
Asimismo, precisó que en total hay una disponibilidad de 1.000 tobilleras, sin embargo, en esta primera fase se acordó entre todas las instituciones implementar en 20 casos, esto de modo de que todavía es una herramienta experimental y es probable que surja la necesidad de ajustes en medio de la implementación y esto será más fácil de controlar con un número reducido de usuarios de estos dispositivos.