El caso elevado al Minis­terio Público por parte de la Contraloría acerca de la deuda del Insti­tuto de Previsión Social (IPS) a proveedores, que llega a unos USD 100 millones, durante la administración de Vicente Bataglia, designado por el expresidente Mario Abdo Benítez, podría ser archi­vado. Los fiscales que inves­tigan esta causa solicitan la desestimación alegando que la Fiscalía sí recibió los documentos por parte de la previsional, mientras que la CGR afirma que no tiene conocimiento sobre tales documentos.

Para hablar sobre esta situa­ción, el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Dario Ortega, y jefe del Departa­mento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica de la previsional, Édgar Giménez, participaron del programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El director jurídico de la Con­traloría explicó cómo se dio la auditoría que se inició ya a finales de 2022 y las trabas que puso el IPS para no brin­dar los detalles y las docu­mentaciones de la deuda al órgano contralor. El informe que elevaron al Ministe­rio Público en su momento habla de un posible daño patrimonial.

“Es un tema ya remanido que venimos hablando hace un tiempo, pero conviene recordar, pues va a ser el sustento de nuestra objeción, o la falta de concordancia que tenemos con la Fiscalía para haber arribado esa conclu­sión. Tengo que decir que esta es una auditoría finan­ciera y de cumplimiento lle­vada a cabo por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2022″, explicó.

Agregó que se habla de un monto equivalente a más de USD 100 millones de dólares, y que la Contraloría encon­tró una observación que pri­mero trató de averiguar en el propio IPS, pero la previ­sional mintió. Esto tenía que ver con una falta de compo­sición de saldo pendiente de pago a proveedores.

“Nosotros iniciamos la audi­toría en el 2022, finales de 2022 y se prolonga hasta julio de 2023, durante ese un año nosotros recibimos eva­sivas, las evasivas hicieron que tengamos que iniciar una acción judicial, luego de la acción judicial vinieron los camionazos (de docu­mentos), pero incluso ahí encontramos falta de coo­peración por parte del IPS y mentiras”, explicó.

El director jurídico de la Contraloría indicó que no se cuentan con los documentos respaldatorios de la compo­sición de saldo, a pesar de la insistencia y varias acciones no se han remitido los docu­mentos respaldatorios de la deuda. La conclusión de la CGR ante esta observación fue que no se puede emitir una opinión razonable sobre el estado contable.

“En materia de auditorías, no solamente en Paraguay, en el mundo, concluir así lleva con­sigo una sospecha de fraude, porque si un ente obligado a llevar una contabilidad lim­pia, y no lo tiene, algo raro está pasando”, apuntó Ortega.

Sin embargo, el plantea­miento de la desestimación de la Fiscalía se sustenta que la institución sí recibió tales documentaciones. “Entonces nosotros le remitimos eso a la Fiscalía, eso y otros puntos, ¿y dónde está ahora nuestro des­contento con la Fiscalía? que para sustentar la desestima­ción de esta observación dice que la Fiscalía sí pudo obtener la conciliación y sí pudo tener facturas de pago relativas a los fondos obtenidos en virtud a la ley 7037″, expresó.

Por su parte, Édgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, dio detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

En este encuentro participó el equipo jurídico del Instituto de Previsión Social, también las autoridades de la parte contable, de auditoría y también asesores externos de la previsional, además del director jurídico, en relación a este caso.

“Manifestamos nuestras preocupaciones, le hicimos saber las incoherencias, las contradicciones que tenían los argumentos del requerimiento fiscal y también le manifestamos la preocupa­ción en relación al equipo de trabajo que está llevando a cabo las investigaciones del IPS”, dijo Giménez.

Mientras tanto, el fiscal general se comprometió con una colabo­ración entre instituciones, seguir con las investigaciones y cum­plir con todas las diligencias en el marco de esta causa. “Se mani­festó a rasgos generales, también nos manifestó su intención de colaborar más que nada entre instituciones, eso es lo que nos dijo y que va a tratar de conformar un equipo de trabajo en relación a las causas del IPS para poder llevar adelante las investigaciones y cum­plir con todas las diligencias que se solicita por parte del IPS, que participa como víctima en estos casos”, dijo Giménez.