• Por Nadia Denis
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El objetivo es reducir al máximo la burocracia, solu­cionar el problema de la super­posición de títulos y lograr trámites sencillos, según explicaron desde Presidencia. “Lo ideal es que los trámi­tes puedan finalizar en un mes o un mes y medio, hoy fácilmente tarda entre cua­tro y seis meses, estamos hablando de una diferencia sustancial. Es importante aclarar que no va a haber ninguna tasa adicional a lo que hoy ya paga el ciu­dadano y a la par simpli­fica los trámites”, detalló Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia de la República.

En conversación con La Nación/Nación Media, Moreno indicó que esta reforma ha sido postergada desde hace más de 20 años, mientras que el problema en torno a la propiedad inmobi­liaria ya data desde incluso luego de la Guerra contra la Triple Alianza. El contar con tres instituciones abocadas a la misma tarea ha sido inefi­ciente y ha generado proble­mas, señaló.

“Actualmente tenemos tres instituciones en tres lugares diferentes que no trabajan de forma coordinada que son la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) que depende del Poder Judi­cial, en el Poder Ejecutivo que es otro poder del Estado tenés el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Depar­tamento de Agrimensura y Geodesia”, expuso. Para el ciudadano, esto representa tener que hacer trámites en tres instituciones, exten­diendo en demasía la espera por el título y generando la superposición de estos docu­mentos, es decir, más de un propietario por un mismo inmueble. “Estos son pro­blemas que sufren todos los paraguayos y que termina en la falta de seguridad jurídica”, lamentó.

Mejorar la seguridad jurí­dica es clave ahora que se ha logrado la calificación de grado de inversión y es el compromiso del Gobierno generar las condiciones ade­cuadas para que nuestro país tenga un clima de negocios propicio para las inversio­nes. Este proyecto representa la primera vez que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial unen esfuerzos en pos de una iniciativa, destacó Moreno.