Legisladores colora­dos se han pronun­ciado respecto a una nueva sanción proveniente de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) hacia Tabacaleras del Este SA (Tabesa). El senador Derlis Maidana indicó que consi­deran esto como una intro­misión y que la Carta Magna es específica respecto a qué organismos pueden emitir dictámenes respecto a las naciones.

“Ya lo decía el doctor Luis María Argaña que la intro­misión en los asuntos inter­nos de otros países viola el principio de autodetermi­nación de los pueblos. En la Constitución de 1992 incluimos en el artículo n.° 145 que habla del orden jurí­dico supranacional y en qué situaciones, por ejemplo, se pueden aceptar sentencias que vienen del extranjero”, detalló a la 650 AM.

Maidana recordó que incluso ya hubo sanciones provenientes de la Corte Interamericana de Dere­chos Humanos hacia nues­tro país y mencionó que en una oportunidad se soli­citó la reposición de exmi­nistros de la Corte, sentencias que han sido acatadas por Paraguay en su condi­ción de nación integrante de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Pero es algo inaudito que una oficina administrativa del Gobierno americano imponga sanciones fuera de su territorio. Ahora aparece un nuevo elemento de carác­ter colonial que son las desig­naciones a personas jurídicas y físicas extranjeras, consi­deramos que es una intromisión a los asuntos paraguayos que es una forma de coloniza­ción por parte de una poten­cia militar, económica a nivel mundial”, sentenció.

Tabesa aclaró el vínculo que ha mantenido con el expresi­dente Horacio Cartes, quien en 2023 decidió vender sus acciones en dicha empresa. Los desembolsos que ha reci­bido el actual titular del Par­tido Colorado responden al pago por la venta del paquete accionario, por lo que no exis­tió una “asistencia finan­ciera”, tal y como se afirmó desde Estados Unidos, mani­festó el legislador.

“Por eso hemos sacado un comunicado la bancada colorada del Senado, para decir que se tiene que res­petar nuestra autonomía, el principio de autodetermi­nación de los pueblos y para que la Cancillería arrime los medios necesarios para que cualquier persona que sea sancionada penal o admi­nistrativamente por un país extranjero acceda al derecho a la defensa”, concluyó.