El gobierno del presi­dente Santiago Peña mediante el Ministe­rio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) logró con­cretar la entrega de 603 solu­ciones habilitaciones desti­nadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Peña desarrolló ayer su jor­nada de gobierno en el depar­tamento de Caazapá, donde concretó la entrega de 50 casas en el asentamiento Roque Sarubbi. “Nosotros venimos a entregar estas viviendas, sabemos que esto le da una satisfacción a muchas familias, pero hay muchas otras que no tienen todavía. Y nosotros le decimos que no vamos a parar hasta que todos tengan su vivienda, ese es nuestro tra­bajo”, indicó.

El mandatario solicitó a las demás autoridades nacio­nales trabajar juntos con el fin de articular estrategias y brindar soluciones de manera inmediata a las comunidades más vulnerables.

“Nosotros necesitamos que los pedidos estén constan­temente sobre la mesa, y estamos convencidos que el camino es el trabajo coordinado, Gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal y, por supuesto, ellos necesitan de los liderazgos sociales”, expresó.

Gobernador de Caazapá afirma que velará por la correcta ejecución de “Ham­bre Cero”

El Día de Gobierno se tras­ladó hasta Caazapá, oportu­nidad en la que el gobernador, Christian Acosta, agradeció al presidente de la República, Santiago Peña, por las atenciones a este departamento y ratificó su compromiso para lograr una correcta ejecución del programa de alimentación escolar Hambre Cero.

“Tenga por seguro que vamos a estar velando por este pro­grama de Hambre Cero, vamos a estar celosos con los directores de cada insti­tución para que se cumpla en tiempo y forma. Por eso hoy voy a comprometerme pre­sidente de que vamos a estar trabajando de sol a sol para que eso se haga realidad de la mejor manera”, sostuvo Acosta.

En este contexto, manifestó que existe una serie de pro­yectos en ejecución para el beneficio del sector de la agri­cultura, esto a razón de que el objetivo es que se pueda ven­der la producción local a las empresas que serán adjudi­cadas para proveer la alimen­tación escolar. De esta forma, se generará circulante y el dinero quedará en el depar­tamento, afirmó.

La obra beneficia a más de 26.000 pobladores del municipio, además de los visitantes y transeúntes que recorren por esta zona.

La Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande) habilitó 7 km de iluminación led en Caazapá. Se extiende desde el aeródromo “Don Eduardo Schaerer Vera y Ara­gón”, sobre la Ruta PY08 hasta la rotonda y en toda la avenida Mariscal López. La institu­ción agradeció al Poder Eje­cutivo por la promulgación que eleva las penas por robo de energía.

“Esto demuestra el trabajo en equipo, que siempre estamos juntos, nos apoyamos todos y cumpliendo las instrucciones del presidente de que todas las acciones deben enfocarse en el bienestar ciudadano, hemos proyectado esta ilu­minación en la ciudad de Caa­zapá”, manifestó Félix Sosa, titular de la Ande.

Esta obra cuenta con la insta­lación de 261 equipos de ilu­minación pública tipo led, para el efecto se han insta­lado nuevos transforma­dores y nuevos sostenes de hormigón armado. La obra beneficia a más de 26.000 pobladores del municipio, además de los visitantes y transeúntes que recorren por esta zona.

Igualmente, Sosa señaló que la Ande aseguró la poten­cia de 2.500 kVa para el fun­cionamiento de una nueva fábrica laminadora, esto luego de haberse reunido con el intendente de Caazapá, quien le manifestó que esta industria tenía intenciones de instalarse en el distrito y que esto generaría mano de obra para los ciudadanos.

“En ese momento le había dicho que la instrucción del presidente era que todas las obras necesarias para gene­rar mano de obra se deben realizar cueste lo que cueste y en ese sentido, esa lamina­dora que se está instalando en Caazapá, tiene asegurada la potencia para que pueda funcionar sin ningún incon­veniente”, aseguró.

Como último punto, el titular de la Ande agradeció al presidente Santiago Peña por la promulgación de la ley que eleva las penas por el robo de energía, esto teniendo en cuenta que principal­mente la criptominería ilegal formaba parte de una de las situa­ciones que perjudicaba a la estatal y a la calidad del suministro energético.

“La solicitud del Poder Ejecutivo para la modificación del artí­culo n.° 173 del Código Penal y elevar la pena de 3 a 10 años para el robo de energía eléctrica a grandes proporciones, espe­cialmente para esta actividad mencionada, es una herramienta muy importante para poder sostener una calidad de servicio adecuada, y de esa manera permitir que se instalen las indus­trias y no tengan problemas en el suministro de energía eléc­trica”, refirió Sosa.