El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, cons­tituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por impli­car la participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.

Lo que hasta entonces era un secreto a voces, pasó a ser un hecho comprobado: el nexo que establecieron el narcotráfico y el poder polí­tico durante el gobierno de Mario Abdo. En ese periodo, el organismo antidroga fue puesto al servicio del clan Insfrán, asociado a la orga­nización liderada por el uru­guayo Sebastián Marset, y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal, a escalas nunca vis­tas en nuestra historia.

Tío Rico y Marset, de un lado; Giuzzio y Abdo, del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país aún no dimen­sionamos, pero que inexora­blemente será muy alto.

Las “filtraciones” transcrip­tas en la acusación de Pak a Miguel Ángel Insfrán no son solamente indicios aislados ni versan sobre un hecho ilí­cito cualquiera, así como está claro que tampoco pueden ser considerados como hechos ocurridos con participación de solamente dos personas, a saber, el funcionario desleal y un líder criminal.

Por el contrario, son prue­bas directas del control e influencias decisivas que ejercía la organización nar­cocriminal en la institución que tenía por función com­batirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas, el topo y el líder narco, sino que nece­sariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.