Los registros de la Ande confirman que son 52 las empresas de criptominería instaladas en el país durante la administración anterior. Estos negocios no generan empleos, pero sí absorben una cantidad extraordinaria de energía, que Paraguay necesitará en un futuro cercano. Se propone una ley marco para regular futuras instalaciones.
El senador colorado Gustavo Leite está trabajando en un proyecto que regule la criptominería en Paraguay, precautelando la energía finita que dentro de algunos años será muy necesaria, pero que se está desperdiciando cual canilla abierta a causa de este sector.
“Tenemos la obligación de hacer un marco legal, permitiendo que vengan, se instalen y generen energía en un plazo para devolver lo que están llevando a precio muy competitivo”, opinó Leite en un contacto con GEN/Nación Media.
La crítica de Leite pasa porque este negocio no genera empleos y paga muy pocos impuestos, cuando el foco debería ser la energía para la industria, es decir, la devolución de energía en un plazo razonable.
Estas 52 empresas tienen contratos firmados con la Ande hasta el 2027, por lo tanto, lo ideal hubiera sido que, para entonces, devuelvan los 700 megas de potencia que el país necesitará a futuro.
“La Ande recibe plata por adelantado, que le ayuda a salvar su situación caótica quebrada que nos dejó el gobierno de Alí Babá”, dijo el senador, en alusión a la administración anterior. Para Leite es mucho más rentable dejar esa energía a las empresas por un tiempo y que la devuelvan en producción porque, cada vez que traemos energía, se provocan pérdidas en el transporte.
Más del 10 % de los ingresos de la Ande provienen de la criptominería legal. Los contratos con este rubro fueron firmados en su totalidad, durante la era de Mario Abdo Benítez.
El senador cree oportuno crear una ley que prohíba la habilitación de nuevas industrias criptomineras, además de solicitar a la Dirección de Ingresos Tributarios un informe sobre los impuestos que pagaron estos 52 en los últimos años.