Tras la reunión desarrollada entre el Ejecutivo y 17 de 19 intendentes de los distritos de Central, el jefe comunal de Luque, Carlos Echeverría, reiteró la importancia de aplicar la Ley de Hambre Cero en las Escuelas, teniendo en cuenta el bajo nivel de las coberturas para materializar la llegada al 100 % de los estudiantes; el intendente, que fue designado como coordinador de los distritos de Central, manifestó que sin la reglamentación, la falta de respuesta a la provisión de alimentos es total.
“Luque tiene más de 150 instituciones educativas y nuestro presupuesto solo nos permitía llegar a seis, lo cual también se replica en el resto de los municipios. Por eso resulta fundamental la ley, porque se trata de un proyecto que permitirá llegar al 100 % de los estudiantes, con la correcta provisión de desayuno, almuerzo y merienda”, expresó el jefe comunal.
Tomando a Luque como referencia para entender el manejo de la cobertura de la alimentación escolar, el intendente refirió que al momento de su asunción se había creado un Consejo de Fonacide con representantes del sector de la educación, para trabajar de una manera más transparente. Así es como se pudo determinar el presupuesto destinado para la alimentación de los estudiantes, la cual solo llegaba a seis instituciones educativas.
“Lo referente al proyecto es ampliamente positivo, a sabiendas de que todo plan que apunte a cambios trascendentales muy sensibles tendrá su tiempo. Para tener en cuenta, en Luque, por poner un ejemplo, un número importante de chicos asisten a las instituciones educativas únicamente para poder alimentarse; la problemática registrada por los 264 intendentes podrá ser atendida”, afirmó.
En lugar de establecer porcentajes de distribución para distintos programas, la Ley de Hambre Cero establece que un 80 % de los recursos de la anterior Ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) serán destinados al reciente instalado Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) para el programa de alimentación escolar en todo el país. El 20 % restante será administrado por los gobiernos municipales y departamentales para obras de infraestructura educativa.