El pasado 4 de abril el Gobierno nacional, a través de sus fuerzas de seguridad, nuevamente ejecutó el operativo Joapy, que tuvo como resultado la expulsión de 25 reclusos de nacionalidad brasileña, que se encontraban en las distin­tas penitenciarías del país, otro duro golpe para el cri­men organizado. El comisa­rio Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antise­cuestro de la Policía Nacio­nal, dio detalles de este ope­rativo que tuvo un resultado positivo, sin mayores incon­venientes, de acuerdo a su relato en entrevista para el programa “Fuego cruzado” de GEN/Nación Media.

Cardozo, uno de los responsa­bles de este operativo, explicó que esta nueva acción de las fuerzas de seguridad es un “enlace” del operativo Vene­ratio, que se ejecutó en la penitenciaría de Tacumbú en diciembre del año pasado, con el objetivo de seguir avan­zando en la lucha contra el cri­men organizado y los efectos colaterales que esto implica en la sociedad.

“La operación Veneratio para nosotros fue todo un desafío, si bien nosotros como uni­dad antisecuestro ya venía­mos hace tiempo trabajando con las Fuerzas Militares en la lucha contra el terrorismo en el Norte FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) y CODI (Comando de Operaciones de Defensa Interna), traer en Asunción ese modelo para poder trabajar jun­tos, cada uno dentro de la misionalidad que la Consti­tución Nacional nos da. Fue para nosotros una prueba de fuego”, indicó Cardozo.

Explicó que para la ejecu­ción del operativo Veneratio se generó un centro de fusión de inteligencia, donde cada unidad especializada den­tro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Militares, del Ministerio de Justicia, “que eran como unas burbujas de inteligencia”, se reunieron y empezaron a trabajar en una misma dirección en cuanto a todo lo que eran las cuestio­nes carcelarias.

De ahí nace el operativo Jaopy, que termina con la expulsión de unas 25 per­sonas de nacionalidad bra­sileña miembros de las fac­ciones más peligrosas como el PCC, Comando Vermelho y otras; sin embargo, antes de llegar a este resultado, se realizó un trabajo minu­cioso entre las autoridades paraguayas y de Brasil.

“Es ahí donde Brasil juega un papel sumamente destacado, socializamos los nombres con los cuales estas personas esta­ban condenadas en Paraguay, pero también tenían sus nom­bres reales en Brasil, venían acá con otra identidad. Se hizo un trabajo de inteligen­cia”, señaló.

Añadió que se recolectaron huellas dactilares de todos los reos brasileños de todas las penitenciarías del país. “Identificamos y empezamos a perfilar el nivel de importan­cia de esa persona, había gente que estaba en un proceso con una expectativa de pena de 7 a 9 años acá en Paraguay, pero en Brasil su condena era de 30 o 40″, detalló.