Hechos notorios y de público conocimiento están incluidos en el acta de imputación presentada por el Ministerio Público contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores por la escandalosa filtración de datos confidenciales de la Seprelad con fines políticos.

Una de las situaciones que fácilmente puede corroborarse, tan solo recurriendo al archivo, es la acusación realizada por el entonces presidente de la República y también can­didato a presidir la Asocia­ción Nacional Republicana (ANR), Mario Abdo Benítez, quien tuvo acceso al informe confidencial de la Seprelad y expuso parte de su contenido durante un discurso político, cuando afirmó que Horacio Cartes, a través de la firma Tabesa, pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

El exmandatario, ahora impu­tado y en proceso de desa­fuero, no puede desconocer estas declaraciones que rea­lizó en el marco de la campaña con el único fin de desacredi­tar la figura de su contrin­cante de ese entonces.

Otro hecho notorio e irrefu­table es la publicación rea­lizada por Mauricio Espí­nola, el entonces secretario privado adjunto del presi­dente de la República, quien al igual que su jefe accedió a información confidencial y publicó en su cuenta de la red social Twitter (X) los salarios percibidos por el entonces candidato presidencial San­tiago Peña como directivo del Banco Basa, también a efec­tos de desacreditarlo políti­camente.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pue­den desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales que figuraban en el informe confidencial de la Seprelad. En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en off side cuando fue con­sultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a respon­der que en este caso le corres­ponde hablar como abogada y no en otra condición.

En el caso de Carlos Arregui, otro de los cercanos colabo­radores de Mario Abdo pro­cesado por el esquema mon­tado, este era el ministro de la Seprelad y, por ende, pesaba sobre él la responsabilidad de lo que hacía su directora Car­men Pereira y los demás sub­alternos que estarían impli­cados en la rosca, según la imputación de la Fiscalía.

Al igual que Cecilia Pérez, el abogado de Arregui, Felino Amarilla, no pudo sostener sus argumentos al ser con­frontado sobre cómo se confi­guró la “persecución a inocen­tes” y además en qué parte se establece que un denunciado, aún no imputado, ya debe for­mar parte del proceso abierto en su contra.

Fue también de público cono­cimiento que los diarios ofi­cialistas afines al gobierno anterior Abc y Última Hora dieron a conocer datos que solamente la Seprelad mane­jaba. Así también, la prensa abdista publicó el pedido de informe de carácter confi­dencial hecho por la Fisca­lía de Panamá con relación al expresidente Horacio Car­tes, con el fin de atacarlo polí­ticamente. La filtración ocu­rrió cuando el diario Última Hora emitió la publicación periodística: “FISCALÍA DE PANAMÁ ESTÁ INVESTI­GANDO A HORACIO CAR­TES, REVELA GIUZZIO”, así como cuando el diario Abc Color publicó la nota “FISCA­LÍA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORA­CIO CARTES EN CASO LAVADO DE DINERO”.

Incluso, el medio de comuni­cación de los Zuccolillo había adjuntado a su publicación el formulario de pedido realizado por la Fiscalía panameña a tra­vés de la plataforma electró­nica, configurándose esto en una abierta violación a la con­fidencialidad que deben respe­tar los funcionarios encarga­dos de recibir esa notificación.

Según la Fiscalía, fueron res­ponsables de dicha filtración los entonces ministros de Seprelad, Carlos Arregui, y del Interior, Arnaldo Giuzzio, quienes habrían proporcio­nado a la prensa amiga los datos para atacar al enemigo político de su jefe Mario Abdo Benítez.

Los implicados en el esquema de filtraciones de la Sepre­lad, utilizado como garrote político durante la adminis­tración anterior, no pueden refutar los hechos de carác­ter público que fueron pre­senciados por todos, y ahora deben afrontar las conse­cuencias de sus actos, al uti­lizar a una institución del Estado como medio para el garrote político, socavando así la confianza que debe exis­tir en las instituciones guber­namentales y en la capacidad del Estado para proteger la información sensible de los ciudadanos.