La Caja de Jubilacio­nes y Pensiones de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) concedió un millo­nario préstamo, equiva­lente a G. 10.355.113.639, a la firma Rubén Darío Comer­cial SRL, dedicada a la venta de electrodomésticos, mue­bles y electrónica, bajo un nulo control. La empresa no salda sus deudas hace 8 meses, razón por la cual el Consejo de Administración busca recuperar la millona­ria suma vía judicial.

En el documento aparece la firma de los ingenieros Car­los Miguel Decoud Fernán­dez, Alfredo Osvaldo Argüe­llo Cáceres, así como de los señores Rodolfo Ramón Fili­ppini Villalba, Fredy Osmar López Martínez y José Aga­pito Pineda Escobar, quien es uno de los sindicalistas que actualmente impulsa las manifestaciones para el rechazo del proyecto de ley del Ejecutivo que plantea la creación de la superinten­dencia de pensiones y jubi­laciones.

De acuerdo a unos docu­mentos expuestos en el pro­grama “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, la Caja de Jubilaciones y Pen­siones del ente eléctrico resolvió conceder una faci­lidad de crédito con garan­tía hipotecaria abierta a la citada empresa por G. 9.757.150.000, por un plazo de 5 años, una tasa del 15 % y pago mensual del interés y capital.

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Resolución por la cual el Consejo de Administración de la Caja de la Ande resolvió iniciar las gestiones para el cobro de la deuda por la vía judicial.FOTO: GENTILEZA

Dentro del acuerdo, en marzo de 2020 el consejo directivo de la caja resol­vió autorizar el desembolso de G. 5.100 millones para la citada empresa. Mien­tras que en enero de 2021 se dispuso el refinancia­miento de la deuda por la suma de G. 7.434.568.998. En enero de 2022, los direc­tivos de la caja jubilatoria tomaron la decisión de auto­rizar otro desembolso de G. 2.970 millones.

Pero al incumplirse el acuerdo inicial, en febrero de 2023 el Consejo de Adminis­tración de la Caja de la Ande resolvió iniciar las gestiones para el cobro de la deuda por la vía judicial. De acuerdo con el documento, la deuda total de la referida firma comercial asciende a G. 10.355.113.639 al 6 de febrero de 2023, con un atraso de 8 y 9 meses por un importe de G. 1.785.924.683.

Ante estos escandalosos hechos, quienes acompa­ñan la iniciativa de impul­sar la creación de la super­intendencia de pensiones y jubilaciones abogan por la pronta vigencia del plantea­miento que tendrá como fin supervisar todos los fondos y cajas jubilatorias, tanto del sector público como privado.

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