Se cumplen tres años y medio de aquel informe de presuntos hechos punibles que la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República (CGR) presentó al Ministerio Público y en el que se consignan fuertes indicios de daño patrimonial en la Municipalidad de Yapacaraí con la administración del intendente de esta ciudad, Raúl Fernando Negrete.
La auditoría culminada en julio del 2020 describe varias irregularidades con relación a la ejecución de fondos provenientes de los royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), pero las investigaciones penales hasta ahora no han resuelto el caso pese a que se tratan de rubros muy sensibles a los derechos de escolares, la compra de alimentos para la comunidad educativa.
El perjuicio patrimonial que había detectado la CGR asciende a exactamente G. 1.987.403.206 y corresponden al 43 % del presupuesto ejecutado en el tercer cuatrimestre de 2018 y al primer y segundo cuatrimestres del 2019, de los fondos mencionados royalties y Fonacide.
El informe de auditoría hace presumir un verdadero festival de gastos públicos, algunos sin las rendiciones pertinentes, bicicleteo con la plata de royalties, se usaron recursos hasta mejoras de propiedad privada, en contravención a las normas de ejecución. El reporte remitido a la Fiscalía refiere 9 indicios de hechos punibles.
Las presunciones indican incluso que la plata de la municipalidad proveniente de las compensaciones era utilizada como una caja chica de la que prestaban recursos a discreción. Según los detalles de la auditoría se consignó la devolución de un monto de G. 439 millones, que se había depositado en la cuenta de royalties y compensaciones, pero esta cifra no proviene del Ministerio de Hacienda, sino que equivale a “devolución de recursos financieros”.
La administración de Negrete emitió cheques en el 2019 por valor del G. 719 millones que no fueron expuestos ni declarados en la planilla de rendición de cuentas de aplicación de fondos. Estos no corresponden a gastos de los fondos y las operaciones se realizaron sin conocimiento de la Junta Municipal. En su defensa, la administración municipal había referido que “los cheques corresponden a préstamos de recursos financieros temporales autorizados mediante resolución del jefe comunal, que fueron repuestos”.
El equipo auditor no consideró el descargo de la administración Negrete porque el uso de los fondos provenientes de los royalties no está estipulado para la realización de préstamos, además de los riesgos que ello implica en caso de que no sean devueltos.
Entre los G. 2.000 millones detectados como supuesto daño patrimonial por la Contraloría, G. 315 millones corresponden a gastos realizados para el Festival del Lago Ypacaraí, en total contravención al objetivo de la Ley 3984/10 para la aplicación de los fondos de royalties. A la vez esta cifra contiene un montón de detalles con llamativos conceptos entre los que se puede mencionar; reiterados pagos en instalación de equipo de iluminación al que se suman otros ítems que es el de adecuación del sistema de iluminación, compra de banderas, trofeos, etc.
Según la auditoría, con plata de los royalties, la administración de Negrete pagó hasta la iluminación de una cancha en propiedad privada y ubicada en otro distrito, en Areguá, es decir, fuera del radio de la Municipalidad de Ypacaraí. Los responsables habían alegado que es un usufructo para el funcionamiento de una plaza pública, sin embargo, con la constitución al lugar, los auditores encontraron un espacio totalmente cercado de alambres con púa, sin posibilidades de acceso a la comunidad.
ALMUERZO ESCOLAR
Cabe recordar que otro informe de autoría de la Contraloría culminado en marzo de este año señala varias irregularidades en el suministro del almuerzo escolar por parte de la administración del intendente liberal Negrete. De hecho, el municipio de Ypacaraí figura entre las ciudades donde se hallaron graves denuncias de corrupción en la compra de alimento escolar y uso de Fonacide como royaltíes que había reportado el contralor Camilo Benítez ante el Congreso Nacional hace unos meses.
Se detallan irregularidades de que redujeron la entrega del almuerzo, que hubo suministros extrainstitucionales sin las notas de remisión correspondientes por lo que no se sabe si realmente se distribuyeron los almuerzos. Las observaciones de la Contraloría sobre la previsión del alimento escolar también refieren condiciones lamentables en la preparación, las comodidades, requisitos técnicos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones de una licitación de G. 750 millones, solo quedaron en los papeles.
Las frutas que se repartieron como postres en presencia de los auditores estaban descompuestas, lo que deja al descubierto el poco interés en la calidad de la alimentación de los niños.