El titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, dijo que una de las organizaciones no gubernamentales que más recursos del Estado recibió es el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y denunció que no presentó documentos que avalen el uso de esos fondos. La Unidad de Investigación de Nación Media publicó una serie de notas sobre un presunto esquema de repartija de honorarios con dinero público de un proyecto de reactivación económica poscovid por G. 6.093 millones.
La iniciativa fue lanzada en 2022 por la entonces ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secretario técnico de Sinafocal, y el titular del CIRD, Agustín Carrizosa Gubetich, cuyo clan familiar y allegados se vieron sumamente favorecidos con el festín de los recursos económicos del Estado.
El contralor acudió ayer al Congreso nacional, convocado por la Comisión Bicameral que preside el senador Dionisio Amarilla, para participar de la reunión conclusiva del estudio de las irregularidades detectadas en el Informe y Dictamen de la Contraloría, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. También participaron el fiscal general, Emiliano Rolón, y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
“Una de las oenegés que más fondos recibieron del Estado paraguayo fue esta organización CIRD, en su rendición de cuentas no presentó documentaciones respaldatorias. Como un motivo de la falta de rendición de cuentas debidamente, nosotros estamos haciendo una fiscalización especial de los fondos que fueron transferidos a esta oenegé. Se puede y se debe fiscalizar el dinero del Estado paraguayo”, manifestó Benítez.
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Prostitución: 15,5 % de atendidos por ONG española proceden de Paraguay
La Asociación In Género calcula que entre 25.000 y 30.000 personas ejercen la prostitución en toda España, según los primeros resultados que arrojan su estudio iniciado en 2022 en siete comunidades autónomas, que ha estimado que existen alrededor de 800 clubes de alterne, 2.500 pisos por el territorio y 50 puntos de prostitución en calle.
Con estos datos, que están sujetos a variaciones porque el estudio basado en entrevistas con las personas que ejercen la prostitución todavía no ha concluido, se pretende facilitar “cifras reales para poder plantear soluciones efectivas” a los problemas a los que se enfrentan, como la clandestinidad.
“Difícilmente se pueden plantear soluciones a sus problemas si no se trabajan con datos reales”, ha destacado el coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo, este lunes en el Ateneo de Madrid durante la presentación del informe, el cual presenta también las cifras de atención e intervenciones en 2023 por parte de la asociación.
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In Género atendió el año pasado a 6.055 personas que ejercían la prostitución, de las cuales 914 podrían ser posibles víctimas de explotación sexual, y se llevó a cabo más de 21.798 intervenciones en las provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Comunidad de Madrid, Murcia, Segovia y Toledo.
Respecto al género de las personas atendidas el año pasado por la asociación, 5.273 fueron a mujeres cis, 583 a mujeres transexuales, 186 hombres cis y 13 a hombres trans. De ellos, el 18 % tenían entre 43 y 79 años, siendo la media de 35. Las personas que más se atendieron fueron en la franja de edad de los 28 años. El 24,1 % llevaban más de 10 años en España; el 11,2 % entre 6 y 10 años; el 14,1 % entre 4 y 5 años; el 28 % entre 1 y 3 años y el 22,6 %, habían llegado al país hacía menos de un año.
En cuanto al país de procedencia de las personas atendidas, el 29,1 % eran de Colombia; el 15,5 % de Paraguay (938 personas); el 13,4 % de República Dominicana; el 7,8 % de Venezuela; el 7 % de Rumanía; el 6 % de Brasil; el 4,5 % de España; el 3,3 % de Ecuador; el 2,5 % de Perú; 1,9 % de Cuba y el tanto por ciento restante entre más de treinta nacionalidades.
El 78,2 % de las personas intervenidas no tenían la nacionalidad española y el 74,2 % estaban empadronados. La Comunidad de Madrid fue donde más personas se atendieron durante 2023, un total de 1.745 a mujeres cis, 285 mujeres trans, 101 hombres cis y 7 hombres trans.
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Ley contra la trata
In Género denuncia que la persecución y criminalización de la prostitución en España esté provocando un aumento de los casos de violencia y explotación sexual y que la normativa actual esté “empujando a las personas que ejercen la prostitución hacia la clandestinidad, donde sus derechos son violados con mayor impunidad”. Según del Olmo, “perseguir y criminalizar la prostitución no está siendo la solución, al contrario, está generando más inseguridad y más violaciones de los derechos de las personas que la ejercen”.
Critican el anteproyecto de Ley contra la trata por considerarla “insuficiente” para garantizar los derechos y prevenir la violencia. Consideran también que la iniciativa socialista sobre la tercera locativa, que pretende penar a aquellos que ceden bienes inmuebles para el ejercicio de la prostitución y el no poder negociar con los clientes tiene “unas consecuencias gravísimas”, por lo que han afirmado que no saben qué se pretende con esta ley.
In Género propone que la Ley contra la trata destine recursos en mejorar la autonomía de las personas, que no tengan que pasar por centros residenciales. “Los recursos que están articulando, no funcionan”, ha señalado del Olmo. La asociación ha arremetido también contra la prohibición de la publicidad de la prostitución ya que considera que hace perder autonomía a las personas que ejercen por no poder gestionar sus anuncios y, por consiguiente, se someten a “una posible futura exportación laboral”.
“Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una ley que refleje las necesidades y realidades de las personas en esta situación, promoviendo medidas efectivas para su protección, empoderamiento y acceso a la justicia y restitución”, ha dicho la coordinadora de Acción Social en In Género, Belén Jiménez. La Asociación In Género es una Asociación sin ánimo de lucro que nació para dar respuesta a las necesidades que tienen las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata en España. En 2005 se constituyó la Asociación iniciando acciones socio-sanitarias con el colectivo.
Fuente: Europa Press.
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En 10 años, Mercosur destinó a Paraguay USD 480 millones para obras
Anualmente, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) destina alrededor de USD 48 millones al Paraguay para financiar importantes obras de infraestructura y de esa manera fortalecer la integración de la región. En los primeros 10 años desde la creación del Focem, Paraguay recibió USD 480 millones no reembolsables. Este Fondo es el primer mecanismo solidario de financiamiento propio de los países del Mercosur y tiene por objetivo reducir las asimetrías del bloque.
El embajador paraguayo ante la República Oriental del Uruguay, Didier Olmedo, visitó el set de Tribuna, programa emitido por Paraguay TV, para hablar sobre la relación entre ambos países y las prioridades de Paraguay durante su Presidencia Pro Tempore del Mercosur. El representante diplomático destacó el papel de Focem como fuente de recursos no reembolsables para Paraguay.
“El Focem es un fondo que otorga financiamiento no reembolsable. Dependiendo del tamaño de la economía de cada país, se ha diseñado un esquema de aportes y un esquema de beneficios”, refirió Olmedo al momento de detallar que Paraguay aporta anualmente USD 1 millón, Uruguay USD 2 millones, Argentina USD 27 millones y Brasil USD 70 millones, conformando así un fondo anual de USD 100 millones.
En ese contexto mencionó que la distribución de los recursos es inversamente proporcional a los aportes. “Paraguay recibe USD 48 millones anuales, Uruguay USD 32 millones, y Argentina y Brasil USD 10 millones cada uno. Entonces, en los primeros 10 años desde la creación del Focem, Paraguay recibió USD 480 millones no reembolsables, habiendo aportado solo USD 10 millones, obteniendo así una ganancia neta de USD 470 millones para invertir en importantes proyectos como carreteras, líneas de transmisión, laboratorios y viviendas”, señaló.
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Algunos de los proyectos financiados por el Focem en Paraguay incluyen la ruta de Concepción a Vallemi, posteriormente ampliada hasta la localidad de San Lázaro, la Costanera Norte y el viaducto que conecta con la Costanera 2, así como las líneas de transmisión de 500 kV desde Itaipú hasta Villa Hayes.
Es de resaltar que el Focem es un mecanismo solidario de financiamiento propio de los países del Mercosur y tiene por objetivo reducir las asimetrías del bloque. Los fondos son destinados a los países y entregados en carácter de donación no reembolsable para financiar hasta el 85% del valor elegible de los proyectos por éstos presentados.
“Actualmente, el Mercosur se encuentra trabajando en la creación de un Focem 2, lo que permitirá continuar impulsando el desarrollo de Paraguay”, adelantó el embajador en Tribuna.
Facilitar comercio será prioridad
Olmedo enfatizó que la facilitación del comercio entre los países del Mercosur es una de las prioridades de la Presidencia Pro Tempore paraguaya. “Buscamos agilizar los procesos y reducir los costos para fomentar el intercambio comercial regional”, afirmó.
El embajador también resaltó la importancia de fortalecer las relaciones con Uruguay. “Uruguay cuenta con puertos de gran calado, mientras que Paraguay posee una de las flotas mercantes más importantes del mundo”, explicó. “Esta complementariedad abre grandes oportunidades para la cooperación bilateral en materia de comercio y logística”, acotó.
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Otra mentira de ABC: nunca se usaron fondos de viviendas para reparación de aeronaves
Mediante un comunicado emitido este domingo, la Presidencia de la República desmintió que los fondos del programa Che Tapýi hayan sido utilizados para reparar un avión y un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), tal como lo asegura el diario Abc Color en una de sus publicaciones.
Asimismo, sostiene que los recursos se mantienen dentro del plan habitacional y a disposición del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), echando por tierra la información errónea publicada por el mencionado medio.
“El gobierno de la República del Paraguay lamenta la desinformación que no condice con el claro mandato constitucional del artículo 28 de la Constitución Nacional y desmiente enfáticamente que fondos del programa Che Tapýi, destinados a la construcción de viviendas para comunidades originarias, hayan sido utilizados para la reparación del avión y del helicóptero presidencial”, refiere la nota.
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En el comunicado también se aclara a la ciudadanía en general que “se hicieron consultas a Taiwán con relación de los fondos para cubrir temporalmente (para luego ser repuestos íntegramente) los costos de reparación de las aeronaves que estaban retenidas en Brasil desde mediados del año pasado. Sin embargo, finalmente no se utilizaron los fondos mencionados en la publicación.
De esta manera el gobierno del mandatario Santiago Peña desmintió la publicación periodística que lleva como título “Priorizan arreglo de avión usado por Santi antes que más casas”. En la nota se asevera que casi USD 2 millones fueron utilizados para costear la reparaciones del avión presidencial Jet Cessna Citation Sovereing 680, con matrícula FAP 3001 y el helicóptero Bell 407 GXI H-0401.
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Dictaminarán sobre el control a las ONG
El senador Gustavo Leite dijo que en el transcurso de los próximos días será remitido a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
“El gran ajuste que tenemos que hacer es hacer una ley que controle las platas que usan las oenegés cuando intervienen en políticas públicas. Esto ya se encuentra bastante avanzado, ya existe una propuesta presentada e irá a comisiones en estos días. No es posible que nosotros hayamos recibido 17 millones de euros de la Unión Europea para mejorar la educación, para que ayuden al Ministerio de Educación y Ciencias, pero si le preguntamos a cualquier paraguayo, la educación no mejoró ¿En qué usaron la plata?”, sostuvo.
La propuesta presentada a fines del pasado año por varios senadores del movimiento Honor Colorado estipula la obligatoriedad de su inscripción en un registro nacional, así como del detalle de las actividades y operaciones que realicen y de los documentos que deben llevar. Las comisiones que tendrán a su cargo los dictámenes son de Asuntos Constitucionales y la de Legislación.
“Estas oenegés tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, a quién le contrataron, por cuánto, para qué, con qué resultados, facturas, hay demasiadas susceptibilidades. Las oenegés son sin lugar a dudas el remedo de un quinto poder que se está fortaleciendo demasiado en el mundo y que no rinden cuentas a nadie”, indicó en una entrevista con la 1020.