El titular de la Con­traloría General de la República, Camilo Benítez, dijo que una de las organizaciones no guber­namentales que más recur­sos del Estado recibió es el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y denunció que no presentó documentos que avalen el uso de esos fon­dos. La Unidad de Inves­tigación de Nación Media publicó una serie de notas sobre un presunto esquema de repartija de honorarios con dinero público de un proyecto de reactivación económica poscovid por G. 6.093 millones.

La iniciativa fue lanzada en 2022 por la entonces minis­tra de Trabajo, Carla Baci­galupo, junto con Alfredo Mongelós, secretario técnico de Sinafocal, y el titular del CIRD, Agustín Carrizosa Gubetich, cuyo clan familiar y allegados se vieron suma­mente favorecidos con el fes­tín de los recursos económi­cos del Estado.

El contralor acudió ayer al Congreso nacional, convo­cado por la Comisión Bica­meral que preside el senador Dionisio Amarilla, para par­ticipar de la reunión conclu­siva del estudio de las irre­gularidades detectadas en el Informe y Dictamen de la Contraloría, correspon­diente al ejercicio fiscal 2022. También participa­ron el fiscal general, Emi­liano Rolón, y el ministro de Economía, Carlos Fernán­dez Valdovinos.

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“Una de las oenegés que más fondos recibieron del Estado paraguayo fue esta organi­zación CIRD, en su rendi­ción de cuentas no presentó documentaciones respalda­torias. Como un motivo de la falta de rendición de cuen­tas debidamente, nosotros estamos haciendo una fisca­lización especial de los fon­dos que fueron transferidos a esta oenegé. Se puede y se debe fiscalizar el dinero del Estado paraguayo”, mani­festó Benítez.

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