Amílcar Ayala, apo­derado general del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), explicó a La Nación/Nación Media que desde la nuclea­ción se están analizando posibles acciones a ser lle­vadas a cabo para desplegar hacia exapoderados del par­tido, que habrían incurrido en un presunto cobro inde­bido de honorarios, supe­rando los G. 300 millones cada uno.

“Verificamos que se emitie­ron facturas por parte de estos profesionales, en con­cepto de honorarios, y ahora observamos que han ini­ciado juicios laborales. Cree­mos que esto es indebido e incluso ilícito y ahora esta­mos trabajando en el plantea­miento de la contestación de la demanda; esta semana nos reuniremos entre abogados penalistas y laboralistas para analizar las posibles accio­nes a tomar”, comentó Ayala.

Entre los exapoderados se encuentran Marlene Orué, alias Chispita, junto con su pareja Armando Sosa, y Liliana Boccia. Los mismos buscarían regular juicios ante el PLRA, por los que ya habrían cobrado, pero lo habían hecho aparente­mente de manera indebida. Ayala indicó que esta semana se podrían desarrollar accio­nes pertinentes en contra de los exapoderados.

“Si eran funcionarios y ade­más cobraron como abogados, hay un evidente cobro inde­bido de honorarios. Vamos a evaluar muy bien este caso para el desarrollo de las accio­nes correspondientes, ya que esto se encuentra recién en su etapa inicial; la situación recién se inició el lunes de la semana pasada, cuando el contralor del partido puso a conocimiento estas cuestio­nes”, detalló.

Marlene Orué cuenta con demandas por el manejo irregular de la cuenta del instituto José P. Guggiari, al corroborarse que se trans­fería montos de dinero de la cuenta del instituto a su cuenta personal. En cuanto a Liliana Boccia, la misma ya cobró por sus honorarios, siendo abogada de uno de los acusados por la quema del Congreso Nacional durante las protestas del 31 de marzo de 2017, pero ahora solicita nuevamente más de G. 300 millones.