La defensa representada por abogados de la Coordina­dora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) recusó al fiscal Juan Daniel Benítez, en el caso de la ocu­pación ilegal de la propiedad de la finca n.º 5.603, ubicada en el distrito de Curuguaty, perteneciente a la Gana­dera Pindo SA. El pasado 2 de octubre comenzaron las audiencias de juicio oral contra cuatro mujeres iden­tificadas como líderes.

En comunicación con el dia­rio La Nación/Nación Media, el agente fiscal explicó que esta recusación que fue puesta ya en pleno juicio oral, es una más de las múltiples chicanas de la defensa que está a cargo de los abogados Walter Isasi y Eduardo Aguayo. Indicó que anteriormente ya han reali­zado varios actos dilatorios con la intención de no ir a juicio oral y buscar la impunidad de las cuatro mujeres identificadas como Jorgelina Coronel Zala, Angélica Silva, Ana María San­tander de Jara y Rosana Mabel Bareiro Dávalos.

Indicó que esperan que en la brevedad sea resuelta la recu­sación impuesta por la defensa, en tanto el fiscal adjunto de Canindeyú Dr. César Gonzá­lez tomará la decisión al res­pecto, a fin de que se pueda continuar con el juicio oral.

“Estas cuatro mujeres están acusadas por el hecho puni­ble de invasión de inmueble ajeno. Hay que entender que en este caso hay varios acu­sados, pero solamente estas mujeres se han presentado. Haciendo una lectura jurí­dica de esta situación, lo que vemos es que los principales cabecillas están mandando al frente a estas mujeres, para que se presenten ante la Jus­ticia con el fin de que sean beneficiadas con algún tipo de impunidad a través de la prescripción de la causa por plazo del tiempo o alguna otra medida”, mencionó.

Asimismo, añadió que existen otros identificados que están con orden de captura y que a la fecha aún no han sido captura­dos, y por eso han enviado a las más débiles procesalmente al frente, mientras que los prin­cipales cabecillas aún siguen con paradero conocido.