Tras la publicación de la investigación que lleva adelante el equipo de Nación Media, respecto al llamativo incremento de millonarias ganancias netas que no fueron registradas en las declaraciones juradas del expresidente Mario Abdo Benítez, el secretario general de la Junta de Gobierno y director de gabinete de la Presidencia del Partido Colorado, Eduardo González, señaló que solo viene a confirmar lo que ya se venía denunciando anteriormente.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el abogado enfatizó que independientemente a que sea una investigación periodística se debería tomar con mucha seriedad este informe y de oficio la Contraloría General de la República o el Ministerio Público ya deberían estar iniciando una investigación al respecto.
“Acá se tiene que ver y tomar con mucha seriedad, esto confirma nada más lo que ya se temía y decía antes. Lo que corresponde es que la Contraloría General, primeramente, realice una verificación correcta de los datos, porque no se está hablando de rectificaciones, sino de otras cuestiones. Además creo que el Ministerio Público debería actuar de oficio, abriendo una investigación”, enfatizó.
Indicó que espera que se aclare esta situación y que es fácil de corroborar los incrementos que tuvieron las empresas de Abdo Benítez, haciendo la comparación de lo que tenían antes de asumir el mando en 2018; así como el incremento que tuvo durante los 5 años de mandatos y en cuánto quedó el patrimonio al dejar el cargo el pasado 15 de agosto. “Hay que ver las empresas viales, de qué empresas se proveían sus productos, entonces ahí se podrá ver cómo fueron ganando las licitaciones”, concluyó.
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Claves de la operación “garrote” montada por Abdo y su gavilla
La causa penal abierta contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete posee un cúmulo de pruebas presentadas por la Fiscalía. Testimonios, pericias y varios documentos sustentan la denuncia por persecución política alegada por el denunciante, el expresidente Horacio Cartes.
Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chicanas presentadas por los abogados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pendiente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual diputado, Mauricio Espínola.
Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, principalmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcionarios que colaboraron para esclarecer el caso.
La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fiscal atacando a los fiscales que investigaron el caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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La extitular de Petropar, primera condenada del entorno de Abdo
Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada por hechos de corrupción.
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió ayer en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
SUPUESTA COIMA DE NARCO
Otro de los procesados del entorno de Mario Abdo Benítez es el exsenador y exministro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marques.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
OTRO AMIGO DE NARCOS
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY. En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
ABDO, ARREGUI, FERNÁNDEZ, GIUZZIO Y ESPÍNOLA
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.
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Ordenan embargo de empresa de la familia de esposa de Abdo por deuda
El Instituto de Previsión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recuperar en esta nueva administración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un consorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.
El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la previsional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tenemos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.
EL PROPIO IPS TRANCÓ ACUERDO
Llamativamente, durante la administración anterior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del consorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, llamativamente el IPS y el consorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.
“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excepción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese entonces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millones aproximadamente lo que debía”, señaló González en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.
La previsional ganó el juicio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sorprendentemente” el Consejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extrajudicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescindido ese acuerdo extrajudicial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el director jurídico.
HOMOLOGACIÓN
Tras ese acuerdo extrajudicial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homologación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homologación mataron todo el juicio”, según las explicaciones del director jurídico.
“Revisando los antecedentes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permitiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.