El senador Derlis Maidana confía en que la Justicia “haga su trabajo”, mientras que Eduardo González opina que la investigación también debe profundizar el “terrorismo de Estado” en la gestión anterior por la presunta utilización de organismos gubernamentales para la persecución política.

“Bajo ningún sentido tiene que implicar impunidad, tocándole a quién le toque, hay instituciones que tienen que ser revisadas, gestiones en el MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), lo que pasó en los organismos de seguridad, Senad (Secretaría Nacional Antidrogas), Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), la forma que trabajaron y la forma que utilizaron el Estado para perseguir a los enemigos políticos de turno”, dijo González en comunicación con La Nación/Nación Media.

“Además de analizar la parte patrimonial se debe analizar la forma cómo se utilizó el Estado, para mí personalmente como un terrorismo de Estado”, agregó el secretario general de la Junta de Gobierno y director de Gabinete de la Presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR), recordando que el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, había manifestado que la entidad política no tiene por qué asumir responsabilidad de la mala gestión del anterior gobierno.

El informe de la Contraloría habilita al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a abrir de oficio una investigación penal que determine si hubo daño patrimonial y que los responsables deben rendir cuentas ante la Justicia y el pueblo paraguayo, señaló Maidana.