El juez José Delmás rechazó la maniobra de acceso a las pruebas de la defensa del exministro del Interior y extitular de la Senad Arnaldo Giuzzio, acusado por supuesto cohecho pasivo agravado. El expediente pasa al Tribunal de Apelación donde debe tratarse la apelación en subsidio planteada por la representación legal de Giuzzio. Una vez resuelta, se podrá convocar a audiencia preliminar.
Los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.
Del material probatorio recolectado por el Ministerio Público en la etapa de investigación es posible afirmar que el acusado tenía conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido y procesado en Brasil por su presunta vinculación con el narcotráfico, de mantener un relacionamiento directo y cercano con él en su calidad de ministro del Interior para lograr ser proveedor del Estado de chalecos antibalas y vehículos blindados.
NEXO NARCO
En su momento, Giuzzio alegó ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos del Congreso Nacional el desconocimiento de los antecedentes que vinculan al brasileño con el narcotráfico.
“Yo fui un cliente ocasional de la empresa (de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua) que arrienda vehículos y circunstancialmente es una de las pocas que yo conozco que arrienda vehículos blindados. (…) En Paraguay, por lo menos, no (conocía los antecedentes del narcotraficante). Y no (me avisó el servicio de inteligencia que estaba siendo buscado por el Brasil) (…) Yo no supe ni siquiera, ahora sé que se dedica al narcotráfico. No tuve conocimiento, sí a nivel local fueron revisados los antecedentes, pero a nivel internacional no accedí a esa información”, había sostenido. Sin embargo, el material probatorio del Ministerio Público pone en duda esta versión.
Marqués de Padua fue detenido en Brasil el pasado 15 de febrero por sus supuestos vínculos con el crimen organizado en el marco del operativo denominado Turf, realizado en conjunto por la Senad, la Policía Federal del Brasil, el Ministerio Público paraguayo, la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), entre otras instituciones.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya había rechazado una anterior chicana, la impugnación de los fiscales Alicia Sapriza, Osmar Legal, Federico Delfino y Lorenzo Lezcano planteada por Arnaldo Giuzzio, bajo patrocinio del abogado Guillermo Duarte Cacavelos.