La Contraloría General de la República (CGR) abrió un sumario a Lumma Silva Battochi, funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, por no presentar declaración jurada de bienes. La empleada municipal aparece ligada a una firma constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.

• Por Juan Carlos Lezcano.

Lumma Silva Batto­chi, incorporada a la Municipalidad de Ciu­dad del Este por el intendente Miguel Prieto, no presentó declaración jurada de bienes y renta ante el órgano extra­poder, obligación establecida en el artículo 104 de la Cons­titución Nacional y regulada por la Ley 6919/2022.

La funcionaria comunal apa­rece ligada a SCDE Sociedad Anónima, empresa construc­tora que recibió más de USD 1,5 millones de contratos con la comuna esteña en poco más de un año. De acuerdo con documentos que cons­tan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en 2021. En ese entonces, la empresa toda­vía figuraba con la denomi­nación Golden Rouge SA y era un club nocturno.

Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipa­lidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000. Es decir, Silva Bat­tochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.

La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada sema­nas atrás por supuesta aso­ciación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciu­dad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudi­caciones de contratos a la empresa ligada a esta última.

Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capi­tal para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como fun­cionaria comunal.

La accionaria mayorita­ria es Lilian Gregoria Gra­ciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones. Básicamente, para poder cumplir con su aporte accionario, Silva Battochi debería ahorrar cien meses de su remuneración como funcionaria comunal sin gas­tar siquiera en comida o ser­vicios básicos.

Actas posteriores revelan que a partir de 2022, Lilian Graciela Benítez seguía apa­reciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Batto­chi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez. Para ese entonces, Silva Bat­tochi ya había ingresado a la comuna esteña. Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por su hermanas­tra, la funcionaria comu­nal. De acuerdo con publica­ciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos reali­zados sobre fechas especiales para ambas. Tampoco exis­ten registros de que Silva Bat­tochi haya presentado decla­ración de conflicto de interés alguna, esto debido a que la empresa en la que figura su familiar tiene estrechos vín­culos con la institución en la que cumple funciones.

SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP). La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escri­bana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y decla­raba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”. Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Super­carretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió a mudarse a una nueva sede. Golden Rouge SA pasó a con­vertirse en SCDE Sociedad Anónima en 2021 y en con­tratista favorita de Prieto con adjudicaciones que suman G. 10.706 millones en menos de dos años.

El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), Luis Fernando Bernal, informó que solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoria permanente de su gestión. El mismo explicó que el objetivo es enviar una señal clara de trasparencia en su administración.

“Hace algunos días solicitamos a la CGR una auditoría permanente de mi gestión y el proceso administrativo que venimos desarrollando”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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Asimismo, refirió que con este el control del manejo de los recursos y el sistema de trabajo, la finalidad es demostrar transparencia en la institución a su cargo, y principalmente dar esa seguridad a los usuarios del servicio y a la ciudadanía en general.

“Es para transmitir señales claras de transparencia. Es importante dar señales claras a los dueños de lo público sobre cómo manejamos los recursos y qué mejor que abrirnos a los controles técnicos y especializados”, apuntó.

Por otra parte, Bernal explicó que existe un debate si la Essap está sujeto al control de la CGR al ser una sociedad anónima, sin embargo, Bernal indicó que al ser administradores públicos deben ser controlados en su gestión.

“Siempre está el debate sobre si deberíamos ser sujetos de control por parte de Contraloría, aun así, para nosotros como hombres públicos al estar al frente de una sociedad anónima con carácter público donde el mayor accionista es el Estado paraguayo”, dijo en entrevista a la 650 AM.

Refirió que, más allá del categórico control, realizó la solicitud a la Contraloría. “Nos vamos un poco más de lo taxativamente tipificado en la Ley y solicitamos a la Contraloría que haga un control permanente de nuestra gestión, desde la compra de un tornillo hasta la posibilidad de una inversión”, sentenció.

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionali­dad presentada por la exse­nadora Kattya González, que fue destituida tras ser acu­sada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resol­vió rechazar la medida caute­lar de González, que preten­día volver al Senado.

El pasado 27 de febrero, a tra­vés de sus abogados, González recurrió a la máxima ins­tancia judicial para presentar una acción de inconstitucio­nalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.

En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acom­pañaron la expulsión de Gon­zález, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.

Luego de la incidentada sesión, González anun­ció que iba a recurrir a instancias internaciona­les para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstituciona­lidad ante la Corte.

Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expul­sión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía invia­ble su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de espe­rarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instan­cia donde recurrir y definiti­vamente se queda sin banca en el Senado.

En el libelo acusatorio se mencionó el caso de pla­nillerismo de los asesores de la parlamentaria, Sole­dad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR).

Torales percibía doble sala­rio por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.

La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.

• Unidad de Investigación Nación Media

De chofer en Villa Elisa a encargado de con­trataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empre­sas con millonarios contra­tos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.

Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con res­pecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).

Espínola Villalba figura actualmente como fun­cionario de la Munici­palidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millo­nes. Su deambular por la función pública había ini­ciado hace un par de años, cuando su primo, enton­ces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.

Sin embargo, pese a su ya largo camino como fun­cionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cual­quier persona que se encuen­tre en el servicio estatal.

Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los docu­mentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.

Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amari­lla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estiga­rribia mediante la empresa Las Primas SA que, coinci­dentemente, fijaba direc­ción en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.

Las publicaciones periodísticas sobre los víncu­los del funcionario comu­nal con varias empresas y la ausencia de presenta­ción de sus manifestacio­nes de bienes empujaron a que la CGR inicie un pro­ceso de sumario con res­pecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presenta­ción de estos documentos.

Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.

Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alter­naba cargos de vicepre­sidente y presidente en la inmobiliaria.

Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), apa­rece también como vicepre­sidente de Terranova Inmo­biliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Minis­terio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societa­rias como secretario.

Tanto Espínola como Legui­zamón también aparecen como accionistas y repre­sentantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de inten­dente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gober­nador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcio­nario de IPS Renán Legui­zamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.

En febrero pasado el conce­jal de Itá Fidel León había por usura, estafa, produc­ción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al sena­dor Líder Santiago Amari­lla, al funcionario munici­pal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmo­biliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una tran­sacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millo­nes por parte de Líder Amari­lla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.

En las declaraciones jura­das presentadas por Ama­rilla tampoco aparecen registros de Terranova.

La única empresa que figura en la última mani­festación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra accio­nes por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.